De nuevo Alfonso Durazo
| Autor | Ernesto Villanueva |
Ante el polémico caso de Culiacán, donde la Guardia Nacional -que depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Durazo- incurrió en errores de falta de planeación y comunicación con las secretarías de la Defensa Nacional y Marina (que se vieron mediáticamente tocadas por los yerros de la Secretaría de Seguridad sin tener una responsabilidad directa, pero sí un señalamiento público como si se hubiera tratado de un operativo mal planeado con la Sedena y la Semar, que no fue el caso), el hilo conductor de Alfonso Durazo es el del error y la ambición personal como norma de conducta.
Es verdad que el secretario de Seguridad no tiene conocimiento alguno ni experiencia en el tema, pero tampoco ha tenido la pertinencia de rodearse de expertos reconocidos en esa delicada tarea. Peor aún: en la Secretaría existe una estructura paralela -los amigos de Durazo, cuya virtud es su lealtad personal sin los perfiles mínimos necesarios para esa función- y los institucionales que tienen experiencia en el terreno, pero están encap-sulados, sin capacidad de desplegar sus habilidades ni ser escuchados.
En suma, hay un problema grave de dirección porque -como lo he reiterado en otras ocasiones- Durazo no sabe que no sabe. El caso Culiacán, donde se fue por la libre, pensando erróneamente que habría de reivindicarse frente a propios y extraños como un hombre de talento y habilidades válidas para cualquier cargo público, de nuevo enfrentó la terca realidad que le demuestra que sus capacidades no son las adecuadas para una posición de tal envergadura, menos en una zona que tiene todo menos confort.
A la natural pregunta de la prensa sobre si renunciaría a la Secretaría, Durazo respondió con una frase retórica: "No se renuncia, se asume la responsabilidad". ¿Qué significa eso? De entrada, un desconocimiento del derecho mínimo. Ni la Constitución ni la ley disponen en ningún artículo que el cargo de secretario de Seguridad no es renunciable. Sería un despropósito que alguien estuviera contra su voluntad en un cargo público, como si se trata del servicio militar estadunidense.
Esa primera parte de la respuesta no encuentra sustento en la normatividad y sí deja en claro que Durazo antepone su ambición personal al interés público. La segunda parte de la respuesta es igual de desafortunada: "Se asume la responsabilidad". Esta expresión no tiene ninguna consecuencia jurídica. No está tampoco prevista en sus términos ni en la Constitución ni en...
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