Nuevo embate contra la ley del patrimonio
| Autor | Judith Amador Tello |
Una iniciativa más de ley sobre el patrimonio, de las varias que han surgido desde la promovida en 1999 por el entonces senador panista Mauricio Fernández Garza, fue presentada el pasado 1 de marzo por el diputado federal por Veracruz Francisco Herrera Jiménez, miembro de la fracción parlamentaria del PRI e integrante de la Comisión de Cultura de la LXI Legislatura.
Esta nueva propuesta plantea la abrogación de la vigente Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, promulgada en 1972 y pretende incluir al llamado patrimonio “intangible”.
Además, crea el Sistema de Salvaguarda del Patrimonio Cultural de la Nación, presidido por “el director general” del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), organismo al cual deja las funciones de orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar y dar seguimiento a los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas destinadas al cumplimiento de la ley.
Una “más”, porque a decir de dos investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) especialistas en legislación cultural consultados por Proceso, el documento está elaborado con tal desinformación e ignorancia de los temas, del sistema jurídico nacional, del derecho internacional y de la historia nacional en materia de salvaguarda y protección del patrimonio, que técnicamente no se sostiene.
Coinciden en que es, más bien, otro intento por “legalizar” de facto al Conaculta, ante la dificultad –admitida por la presidenta de la Comisión de Cultura, Kenia López Rabadán– de lograr consenso para la aprobación de una ley general de cultura.
Y es que el diputado, expresidente municipal de Papantla y quien se ostenta como miembro “distinguido” del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) afirma en la exposición de motivos de su proyecto, titulado Ley general de protección al patrimonio cultural inmaterial y material de la nación, que el Conaculta, “sin ser cabeza de sector, sí tendría las facultades que de facto ya ejerce, de coordinar las políticas públicas encaminadas en la materia”.
En su cubículo de investigador de la Dirección General de Estudios Históricos, el antropólogo y doctor en derecho Bolfy Cottom, autor de Nación, patrimonio cultural y legislación: los debates parlamentarios y la construcción del marco jurídico federal sobre monumentos en México, siglo XX, entre otros libros, afirma que se trata de un proyecto “poco serio”, que no contribuye a solucionar problemas:
“Para empezar tiene motivaciones y fundamentos muy endebles. Por ejemplo: habla de los problemas de explosión demográfica, de los planes de desarrollo, de que ha aumentado el turismo cultural… En estricto sentido, ¿qué tiene que ver eso con la materia de la ley? ¿Qué vamos a poner en la ley, que la población ya no siga creciendo, o qué cosa?”
Expresa preocupación por el hecho de que el diputado (“no sé si no leen, no estudian o no se enteran”) haya pasado por alto que en 2009 se hicieron reformas a los artículos 4 y 73 constitucionales, lo cual permite distribuir competencias en materia de acciones y actividades culturales relacionadas con el gobierno federal, “excepto lo que se refiere a la fracción 25 del artículo 73 que es precisamente el asunto de las zonas y monumentos artísticos, arqueológicos e...
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