Oaxaca vuelve a oler a miedo
| Autor | Pedro Matías |
OAXACA, OAX.- "En Oaxaca se comienza a revivir el olor a pólvora, a miedo, a represión y precisamente en el contexto de un gobierno autodenominado del cambio", situación que pone en riesgo la transición democrática que está "estancada o en el peor de los casos, en proceso de ser abortada", dice un documento suscrito por el magisterio oaxa-queño y varias organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Representantes de esos organismos hacen notar que a los asesinatos de los líderes de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, Bernardo Vás-quez Sánchez y Bernardo Méndez Vásquez; del dirigente magisterial Rafael Rodríguez Enríquez y la desaparición del profesor Carlos Rene Román Salazar se suma el exilio temporal del coordinador de la Pastoral Social de Movilidad Humana, Alejandro Solalinde, y las amenazas de muerte contra el pintor Francisco Toledo, el sacerdote Francisco Wilfrido Mayrén Peláez, la defensora de derechos humanos Alba Cruz Ramos y la activista Bettina Cruz.
"El recuerdo helado de las golpizas, levantones, detenciones, persecuciones, desapariciones forzadas y asesinatos como medio para contener la organización y la lucha social vuelve a posarse en las mentes de los pueblos y trabajadores de Oaxaca", indica el documento suscrito por el movimiento magisterial local y 15 organizaciones sociales.
Desde un campamento de denuncia instalado frente al Palacio de Gobierno, representantes de esos organismos señalan que diferentes sectores "no dejan de preguntarse cómo es posible que un gobierno que aseguró nunca más utilizar la fuerza pública para reprimir al pueblo, hoy lo esté haciendo con total descaro, o bien permitiendo que grupos caciquiles utilicen la violencia más bárbara y terrorista para masacrar inocentes y perpetuar su control político en lugares estratégicos".
Denuncian además que durante el gobierno de Gabino Cué Monteagudo -quien lleva un año y siete meses en el cargo- "31 activistas y luchadores sociales" han sido asesinados.
Varios organismos de derechos humanos, sin embargo, hablan de 95 asesinatos por motivos políticos, agrarios o sociales atribuidos a la ausencia de operación política, la irresponsabilidad gubernamental al no ratificar convenios agrarios, la incapacidad de las autoridades electorales y la intromisión de partidos políticos o supuestos luchadores sociales que medran con los conflictos comunitarios.
Según informes de dichas organizaciones, datos hemerográficos y estadísticas oficiales, en 2011 se cometieron 376 homicidios dolosos, de los cuales 81 se derivan de pugnas agrarias, conñictos pose-lectorales, diferencias entre comunidades y ajustes de cuentas por motivos políticos. En lo que va de 2012 se han documentado otros 14.
Además hay 73 casos que podrían tipificarse como feminicidios -aunque algunas ONG sostienen que son 93 las mujeres asesinadas- y 119 más podrían ser...
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