Obispos bajo fuego
| Autor | Rodrigo Vera |
Por tratarse de choques entre miembros de la jerarquía eclesiástica con mandatarios estatales, representan conflictos álgidos y preocupantes en medio de la escalada de violencia que actualmente padece el clero mexicano, con saldo de 19 sacerdotes asesinados en lo que va del sexenio.
La confrontación entre Vera y Moreira se recrudeció el pasado 5 de julio, cuando la diócesis de Saltillo -junto con organizaciones civiles- presentó ante la Corte Penal Internacional de La Haya el documento titulado "México: asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad".
Basado en 500 casos de detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas, el documento denuncia una "política" del gobierno de Moreira que consiste en "permitir y apoyar activamente un ataque contra la población civil".
Destaca dos hechos que pueden constituir crímenes de lesa humanidad: la matanza perpetrada por Los Zetas de muchos habitantes de la localidad de Allende; y la mala gestión en la cárcel de Piedras Negras, la cual, pese a estar bajo responsabilidad del gobierno estatal, se convirtió en un centro de operaciones de ese cártel.
Firman el documento varios organismos de derechos humanos, entre ellos algunos pertenecientes a la diócesis de Saltillo, como el Centro Fray Juan de Larios y la Casa del Migrante de Saltillo, pero también las instancias diocesanas de Pastoral Social y Pastoral Penitenciaria.
En respuesta, la Procuraduría de Justicia de Coahuila citó al obispo Vera para que el 27 de julio rindiera su declaración sobre un caso de sacerdotes de su diócesis investigados por abusar sexualmente de menores de edad. Pero el prelado no acudió.
El mismo día la diócesis emitió un comunicado en el que atribuyó el citatorio a los cuestionamientos eclesiásticos hechos al gobierno de Moreira.
Dijo la diócesis: "Estas acciones del Ministerio Público se presentan en un contexto político y social que incluye las incertidumbres y confusiones del pasado proceso electoral en el estado de Coahuila, el incremento en el índice de la violencia en diferentes municipios, las represalias contra trabajadores mineros, el hallazgo de cuerpos con signos de tortura y, sin duda, tanto el informe que de Coahuila se ofreció en la Corte Penal Internacional como el proceso electoral del próximo 2018".
Fue el 3 de agosto cuando el obispo acudió ante el Ministerio Público a declarar. Para Moreira esta tardanza permitió que sus sacerdotes pederastas se...
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