Ocho meses de opacidad y capricho
| Autor | Raúl Ochoa |
El 16 de abril, en una decisión controvertida pero esperada, el presidente Enrique Peña Nieto designó a su amigo Alfredo Castillo Cervantes como director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). El excomisionado para la Seguridad y Desarrollo de Michoacán reemplazó en ese cargo al exclavadista Jesús Mena, quien falló en todos los proyectos que había emprendido.
Ahora -y como sucedió con la inconclusa administración de Mena- nada indica que la situación del deporte haya cambiado para bien. Por incapacidad u omisión, los ocho meses de Castillo en la Conade no le han cambiado el rostro al deporte nacional, lastimado por la corrupción y las pugnas interminables entre sus dirigentes.
Durante el mandato de Castillo no hay logros significativos. Por el contrario, en los Juegos Panamericanos Toronto 2015, en julio pasado, México perdió el quinto lugar del medalle-ro frente a Colombia.
Además, el director de la Conade continúa sin instalar el Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva (Coved), contemplado en la vigente Ley General de Cultura Física y Deporte (LGCFD) como la instancia que, en coordinación con la Conade, se encargará de supervisar los procesos electorales de las federaciones. Según los dichos de Castillo, el Coved entraría formalmente en funciones a partir del tercer mes de su administración.
Lo anterior ha ocasionado un desorden en los procesos electorales de los consejos directivos de las federaciones deportivas nacionales, a tal grado que los presidentes de estos organismos han debido recurrir a los estatutos de la Confederación Deportiva Mexicana (Co-deme) para realizar sus asambleas, no obstante que esta asociación civil fue excluida de la LGCFD, en vigor desde el 7 de junio de 2013.
En medio del caos, presidentes de las federaciones de atletismo, deporte sobre silla de ruedas, taekwondo, boxeo, béisbol y ciclismo aprovecharon la confusión para modificar sus estatutos y, con ello, garantizar su perpetuidad en el cargo.
En medio de este desorden, Castillo se plantea modificar la legislación deportiva, la llamada Ley Mena impulsada por su antecesor ya en el sexenio de Peña Nieto. Ahora, con los mismos cabilderos -Gilberto y David Hernández, que dieron forma a la actual LGCFD- el exprocurador se ha acercado a los integrantes de las comisiones de deporte de ambas cámaras con la idea de encauzar una nueva legislación que le otorgue amplios poderes y, de esa manera, tener el control absoluto de las federaciones deportivas.
La guerra
Castillo declaró la guerra a los presidentes de las federaciones prácticamente desde el día en que fue colocado en el cargo por su amigo Enrique Peña Nieto.
En abril pasado, Castillo envió un claro mensaje. Dijo que acabaría con los abusos de poder de los dirigentes deportivos e incluso anticipó que auditaría a las federaciones. Criticó los millonarios recursos que anualmente les otorga el Estado para su administración y dejó en claro...
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