Oportunidad para la oposición
| Autor | Jesús Cantú |
Ni Felipe Calderón ni Enrique Peña Nieto entienden que la creciente violencia e inseguridad es la manifestación más estrujante y cruel de la crisis del Estado mexicano, no su causa, y, por lo tanto, las soluciones a la misma no pueden concentrarse en el fortalecimiento de los aparatos de seguridad, pues los eventuales avances (como sucede con la depuración de las policías municipales y estatales) son insuficientes y endebles.
A pesar de que la incidencia delictiva mantiene una tendencia alcista desde diciembre de 2006, como lo reconoce la misma iniciativa presidencial, cada vez que un evento especialmente grotesco y estrujante sacude a la opinión pública se recurre al mismo ritual: envío masivo de fuerzas federales a la entidad afectada, revisión de la legislación en la materia y presencia física intensiva del presidente y los miembros de su gabinete o, al menos, de estos últimos. Así ocurrió en Ciudad Juárez, tras la masacre de Villas de Salvárcar; en Monterrey, luego del incendio del casino Royale; en Michoacán, tras el surgimiento de las autodefensas; y, ahora, en Guerrero, tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Aunque en el discurso se reconoce la necesidad de una intervención integral que permita reconstruir el tejido social y se anuncian cuantiosos recursos públicos para atender las más urgentes necesidades, los esfuerzos se centran en las fuerzas de seguridad, incluyendo desde luego el envío de elementos del Ejército y la Marina para realizar funciones policiacas. En ocasiones la incidencia delictiva muestra algunas señales positivas; en otras, no. Pero lo que es invariable es que de inmediato la violencia se exacerba en algún otro lugar, y los índices delictivos mantienen su tendencia alcista invariable.
La iniciativa de reforma constitucional que anunció el presidente el 27 de noviembre y que envió al Senado el 1 de diciembre va exactamente en la misma dirección: desaparición de las policías municipales; redistribución de las competencias en materia penal (nuevo eufemismo utilizado para continuar con el proceso de concentración de atribuciones en el gobierno federal), y hasta la posibilidad de desaparecer ayuntamientos y asumir directamente sus funciones por parte del gobierno federal (haciendo a un lado incluso a los gobiernos estatales).
Aunque los coordinadores de los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión ya se comprometieron a trabajar intensamente para dictaminar y votar la iniciativa en el presente...
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