El PAN solapó malos manejos en Pemex y CFE
| Autor | Arturo Rodríguez García |
Durante el sexenio de Ernesto Zedillo, Marco Antonio Díaz Tobías, como auditor de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), documentó numerosos casos de corrupción en estas instituciones; la mayoría de ellos quedó impune o apenas con sanciones administrativas leves.
Y después, en el periodo de Vicente Fox, Díaz Tobías desarrolló investigaciones que pronto lo llevaron a descubrir un fenómeno: el uso de las áreas de auditoría del sector público para facilitar ilegalidades y la persecución de quienes intentaron documentar la corrupción gubernamental.
Ahora Díaz Tobías se muestra molesto por las mutuas acusaciones de corrupción que el PAN y el PRI le imprimieron a sus recién concluidas campañas electorales, pues él conoció a fondo la manera de gobernar de ambos partidos, así como las corruptelas y la impunidad de sus funcionarios.
En entrevista con Proceso, Díaz Tobías cuenta además que en 2003 creó un programa fiscalizador probado con éxito en ambas instancias; pero lejos de que el foxismo lo aplicara en todo el gobierno federal, como estaba planeado, lo congeló.
Ese programa, el Sistema Integral de Fiscalización de la Administración Pública (SIFAP), incluso era capaz de identificar las irregularidades en tiempo real: estaba diseñado para ampliar la fiscalización del gasto, tenía un proceso de reingeniería de áreas y homologaba funciones de evaluación que permitían identificar e inhibir las desviaciones desde su origen. También transparentaba información; tenía una estructura que hacía a las dependencias y entidades gubernamentales autofiscalizables y, una vez en marcha, el mismo sistema podía generar procesos de preauditoría.
Díaz Tobías muestra los dictámenes de dos comités de expertos gubernamentales y los oficios de comunicación interna que acreditan que el proyecto le fue presentado en enero de 2001 a Francisco Barrio Terrazas, entonces titular de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam). Como se trataba de un desarrollo independiente, el área jurídica de esa dependencia determinó que para "adquirirlo" debía comprarse.
Explica que, como estaba convencido de las promesas de combate a la corrupción y creyó que los panistas tenían voluntad política de hacerlo, no quiso lucrar: vendió el sistema al gobierno federal en un peso y aceptó una cláusula del contrato en la cual se establecía la exclusividad de la Secretaría de la Función Pública (SFP, sucesora de la Secodam) sobre el programa, por lo que su dominio y posible comercialización futura se hizo imposible.
El SIFAP se...
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