Paso a paso, las cuatro etapas de la represión orteguista
| Autor | Roberto Fonseca L. |
MANAGUA.- Horas antes de abandonar el país por disposición del régimen de Daniel Ortega, Ana María Tello, vocera del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aseguró ante la prensa que su expulsión podría ser el inicio de una nueva etapa de represión estatal.
"Es posible que la salida de la CIDH, como la última institución internacional que quedaba en el país, marque el inicio de una nueva etapa", dijo Tello a los periodistas nacionales e internacionales que la rodeaban el miércoles 19, cuando se cumplían ocho meses del levantamiento cívico contra el gobierno de Ortega.
Ese levantamiento desencadenó una ola represiva que ha causado la peor crisis de derechos humanos en Nicaragua en las últimas tres décadas: según la CIDH ha derivado en la muerte de 325 personas, más de 2 mil heridos, más de 550 detenidos y enjuiciados, 300 médicos despedidos y al menos 80 estudiantes expulsados de la Universidad Nacional.
Desde el estallido de las protestas sociales en Nicaragua, el pasado 18 de abril, la CIDH identifica cuatro fases de la represión estatal. La primera, entre abril y junio, se caracterizó por el uso arbitrario de la fuerza, incluida la letal, por policías y grupos parapoliciales.
La segunda corresponde a julio, cuando el régimen de Ortega desplegó policías y grupos parapoliciales fuertemente armados para desmantelar las barricadas en todo el país, lo que implicó un aumento en el número de muertos y un éxodo masivo, sobre todo a Costa Rica.
De acuerdo con la CIDH, la tercera fase -de agosto a septiembre- consistió en la persecución y criminalización de manifestantes, estudiantes, líderes sociales y opositores al gobierno; y se agravó por una ausencia de la debida defensa y el debido proceso para los acusados, que según diversos organismos defensores de los derechos humanos suman alrededor de 550 personas.
Y finalmente la CIDH caracteriza la cuarta etapa de represión estatal por el incremento de actos de agresión y hostigamiento contra periodistas; la continuación de la captura y judicialización de líderes, defensores de derechos humanos y opositores al gobierno; y la expulsión arbitraria de naturalizados o residentes permanentes que participen en las protestas.
Además, en esta cuarta fase de represión la CIDH observa que se toman medidas y se emiten decretos que -con apariencia de legalidad y estricta formalidad- restringen ilegítimamente la libertad de expresión, asociación y reunión, derechos esenciales para el efectivo funcionamiento de una sociedad democrática.
"Consideramos que hay un aumento notorio en el hostigamiento y en las intimidaciones a las personas que trabajan en derechos humanos, y...
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