Pasta de Conchos, el primer caso minero que admite la CIDH

AutorArturo Rodríguez García

Durante 12 años, los deudos de los trabajadores fallecidos en la mina Pasta de Conchos recorrieron instancias judiciales intentando que se investigara lo ocurrido, recuperar los cuerpos, obtener indemnizaciones y pensiones justas, además de erradicar la precariedad en las condiciones de seguridad, salud y de derechos laborales prevaleciente en la región carbonífera de Coahuila.

Fue infructuoso. La empresa declaró, con un peritaje de dudoso rigor científico, que era imposible avanzar en el filón. Los gobiernos estatal y federal aceptaron sus argumentos; sin cuerpos, emitieron actas de defunción que se usaron para tasar cotizaciones bajas, dejando a las familias en miseria sin reconocerles siquiera "interés jurídico" y, con todo eso, fue posible dar carpetazo a la averiguación previa federal abierta por el siniestro del 19 de febrero de 2006, que causó la muerte de 65 trabajadores y daños irreparables a la salud de ocho más.

Con todas las puertas del sistema de justicia cerradas, en 2010 finalmente llevaron su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero por condiciones de procedimiento fue hasta el pasado 24 de febrero cuando, con base en el Informe de Admisibilidad 12/18, se aprobó abrir el caso 13.552, lo que se notificó a las víctimas el 26 de marzo.

"Es providencial que el caso se haya admitido en pleno proceso electoral, porque deja en evidencia a una clase política cuya sola existencia revictimiza: son los mismos desde hace 12 años los que ahora se disputan los puestos y eso es una revictimi-zación. ¿Qué clase de país somos si los que engañaron, mintieron, defraudaron, ahora ofrecen cambios?", plantea Cristina Auer-bach Benavides, defensora de derechos humanos laborales, quien acompaña a las familias peticionarias ante la CIDH.

Y es que dicha admisibilidad del caso, si bien no individualiza responsabilidades, arroja los reflectores sobre las acciones y omisiones de funcionarios que, pasando por diferentes áreas de gobierno, eludieron los reclamos de justicia de deudos y familiares, como ha documentado Proceso desde febrero de 2006.

Ocurrió cuando era presidente Vicente Fox -hoy promotor del candidato del PRI José Antonio Meade- y el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) era Francisco Javier Salazar Sáenz, hoy candidato suplente al Senado de la alianza Por México al Frente.

Sus respectivos relevos, que persistieron en el cierre de la mina para evitar la investigación, fueron Felipe Calderón...

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