La paz con las FARC, en terreno minado
| Autor | Rafael Croda |
BOGOTÁ.- Nunca como ahora la paz con la exguerrilla de las FARC había estado sometida a una crisis tan desafiante. Y no sólo por factores internos, sino por la aparición de Estados Unidos como un inesperado policía decidido a investigar a los antiguos rebeldes.
Por medio de su agencia antidrogas, la DEA, Estados Unidos vigila el buen comportamiento de los antiguos comandantes de la exguerrilla. Para ello utiliza informantes encubiertos a quienes premia con una nueva vida en ese país si logran aportar elementos para pedir en extradición a los exjefes rebeldes por cargos de narcotráfico.
Iván Márquez, el emblemático número dos de la antigua organización insurgente y quien fue el jefe de la delegación guerrillera que negoció la paz con el gobierno colombiano, optó por volver al monte en medio de rumores de que se alzaría otra vez en armas. Le hizo saber al senador izquierdista Iván Cepeda que teme ser ex-traditado a Estados Unidos por delitos de tráfico de drogas que, según aseguró al legislador, nunca cometió.
"Tenemos que impedir, de manera responsable, que la amenaza de la extradición se convierta en el detonante del fin del proceso de paz", dijo Cepeda.
Desde la llegada al poder de Donald Trump, en enero de 2017, el discurso de la guerra contra las drogas volvió a tomar relevancia y la DEA -la agencia antinarcóticos estadunidense- cobró un renovado protagonismo en Colombia.
A muchos dirigentes políticos y sociales les cuesta trabajo distinguir si el enemigo es el narcotráfico o el proceso de paz. Para el senador de la opositora Alianza Verde, Antonio Sanguino, Estados Unidos ha sido "una variable negativa" en la consolidación de la paz con las FARC.
Pero los vientos que agitan el posconflicto en Colombia no sólo provienen de fuera. También gravitan las fisuras que emergen en el partido fundado por la exguerrilla: la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que tiene las mismas siglas que enarboló la desaparecida organización insurgente: FARC.
Adicionalmente, el proceso de reinserción a la vida productiva de 13 mil exguerrilleros que entregaron las armas marcha con extrema lentitud, por el tradicional burocratismo estatal y la falta de financiamiento.
La reforma agraria prometida en los acuerdos de paz está congelada en el Congreso. Y la matanza de líderes sociales involucrados en la implementación de los acuerdos con las FARC ya está catalogada por las mismas autoridades como un "exterminio". Desde la firma de la paz, en noviembre de 2016, hasta agosto pasado han sido asesinados 193, uno cada tres días en promedio.
En ese mismo lapso se han registrado 50 homicidios de exguerrilleros que entregaron las armas.
Además, el presidente Iván Duque, quien apenas lleva seis semanas en el cargo, prometió como candidato...
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