Peña Nieto quiere privatizar hasta el agua
| Autor | Jesusa Cervantes |
Heredar las concesiones de agua, mantener el tráfico de las mismas, cambiar el término de "asignación" por el de "concesión", convertir en concesionario al empresario que construya un trasvase y obligar a funcionarios públicos a buscar inversiones privadas para el proceso de explotación y entrega del agua, son medidas que forman parte de la "Ley Korenfeld", iniciativa promovida por el gobierno de Enrique Peña Nieto y llamada así por ser obra del director de la Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld.
La misma prevé "suspender o restringir la prestación de los servicios púbicos de agua potable", lo cual va contra el artículo 4 de la Constitución, que establece: "Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho", tal como se publicó el 8 de octubre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación.
Legisladores federales y especialistas coinciden en que la iniciativa de Ley General de Aguas, cuya última versión llegó a la Cámara de Diputados el pasado 11 de febrero, tiene un tufo "privatizador"; de aprobarse, afirman, dejaría en desventaja al Estado ante posibles demandas futuras de empresas extranjeras ante tribunales internacionales.
Los diputados federales prevén un aumento en las tarifas de agua para uso doméstico debido a que en la Ley Korenfeld se promueve aún más la participación de la iniciativa privada, "misma que cobraría sus costos de extracción y traslado".
Y un peligro más: advierten que ejida-tarios y comuneros perderán sus concesiones de agua cuando renten sus tierras. "Lo que buscan los empresarios es el agua, no la parcela", advierte la especialista e integrante de la agrupación cívica Agua para Todos, Agua para la Vida, Elena Burns.
El vocero de esta agrupación y miembro del Comité Independiente de Tecá-mac, Ricardo Ovando Ramírez alerta también sobre la violación a la Constitución al permitirse que se "suspenda el servicio de agua potable". "Eso lo intentó (el gobernador) Eruviel (Ávila) en el Estado de México y tuvo que rectificar, porque va contra la Carta Magna".
Detalla que para el caso del Distrito Federal, en el artículo 25, fracción X, de la iniciativa se establece la posibilidad de "suspender o restringir la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales".
En el caso de las tarifas, Burns advierte que el consumidor final recibirá un incremento en las mismas debido a la privatización y a que la propia ley obliga a que la tarifa le dé "sostenibilidad financiera" a los prestadores del servicio; es decir la iniciativa privada.
Para sostener su dicho recurre al artículo 237de la Ley Korenfeld donde destaca el vocablo "debe". Esta palabra no da opción, sino que establece como obligatorio cumplir entre otras cosas lo que dicen las fracciones IV, V, VII y VIII: "Propiciar la sostenibilidad financiera de los prestadores de los servicios públicos de agua y su progresiva autosuficiencia; prever ajustes en función de la...
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