PGR: Historia de un millonario despojo

AutorJorge Carrasco Araizaga

La filtración a la prensa fue tan contundente que descarriló al candidato del PRI al gobierno de Sinaloa, Jesús Vizcarra Calderón. Su imagen en una foto tomada en los ochenta, durante una celebración religiosa en compañía de Ismael El Mayo Zambada, ensombreció su campaña ante la sospecha de que su ascenso como empresario agroindustrial y luego como político estaba vinculado con uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa.

Vizcarra no se repuso del golpe y perdió las elecciones en julio de 2010 ante el expriista y aliancista Mario López Valdez.

La fotografía en cuestión había salido de los archivos de la Procuraduría General de la República (PGR), que en julio de 1994 la aseguró junto con otros muchos bienes de la familia Calderón Quintero, parientes lejanos del frustrado candidato.

A 17 años del aseguramiento, Elisa Quintero López tiene en aprietos a la PGR, que no sólo fue incapaz de comprobar le-galmente la vinculación de esos bienes con el narcotráfico, sino que dispuso de ellos sin control y ahora está emplazada a pagar una indemnización de 158 millones y medio de pesos.

Matriarca de la familia cuya historia quedó desde entonces asociada públicamente con el narcotráfico, Elisa Quintero, de 84 años, está en medio de una batalla legal para que el Estado mexicano reconozca su responsabilidad en la pérdida de sus bienes. Pero la PGR se niega a admitirla demanda de indemnización.

Detonante

El asesinato del arzobispo de Guadalajara, Juan Jesús Posadas Ocampo, el 24 de mayo de 1993, desató una persecución contra el cártel de los hermanos Arellano Félix, señalados en las investigaciones de la PGR como responsables del crimen y en ese momento una de las organizaciones más fuertes del narcotráfico en el país.

La PGR, encabezada en ese momento por Humberto Benítez Treviño -actual diputado del PRI por el Estado de México-, emprendió una ofensiva contra la familia Calderón Quintero como sospechosa de trabajar para los Arellano Félix, quienes salieron de Sinaloa para establecerse en Guadalajara primero y luego en Tijua-na, donde finalmente se asentaron.

Con una sola orden de cateo, dentro de la averiguación contra los hermanos Are-llano Félix, se afectaron más de 700 bienes en Sinaloa, Sonora y el Distrito Federal, dicen los abogados de la señora Quintero: Gerardo Macedo y Adriana Carreto. Precisan que la familia Calderón Quintero sólo tenía bienes en Sinaloa y que fueron objeto de la intervención de la PGR.

Agentes de la entonces Policía Judicial Federal (PJF) hicieron los cateos contra la familia en Culiacán entre el 8 y el 9 de julio de 1994. Intervinieron casas, ranchos, negocios, automotores, joyas y otros bienes que en su mayoría no se sabe dónde quedaron.

Después de catear y asegurar las casas, los agentes judiciales irrumpieron la tarde del 9 de julio de ese año en la planta de Alimentos Balanceados Inekal, instalada en el rancho El Elefante, en las afueras de la capital sinaloense.

Localizada en el kilómetro 18 de la carretera federal a...

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