El Poder Judicial frente a la Ley de Seguridad Interior
| Autor | Luis Miguel Cano |
El Ejecutivo y el Legislativo le han puesto un reto mayúsculo al tercero de los poderes de la Unión, que sin contar con nuestra representación directa, ahora tiene el deber de asegurar la democracia y los derechos humanos ante dicha ley.
Sobre las afectaciones que conlleva ese ordenamiento para nuestro régimen democrático de derecho, casi todo se ha difundido. No obstante, me parece que hay espacio para unas ideas más.
Antes habré de confesar que no alcanzo a entender la finalidad que se persigue con la aprobación de tal ley. Si busca brindarle a las Fuerzas Armadas seguridad jurídica en su actuación diaria, no lo logra. Mucho menos cumple su cometido si la intención es darle seguridad a las personas. Si el objetivo es detonar una transición para el retorno de los militares a los cuarteles, tampoco aprueba como medio racional para lograrlo. Pero a lo que sí da lugar es a especulaciones y múltiples incertidumbres.
Destaco cuatro de ellas generadas de inmediato con su entrada en vigor. ¿Pueden intervenir las Fuerzas Armadas frente a una manifestación que proteste contra la construcción de un proyecto de energía o de infraestructura que violente a las personas y comunidades de una región?, ¿podemos conocer los riesgos a la seguridad interior que detonan intervenciones inmediatas o su presencia permanente?, ¿pueden las Fuerzas Armadas impedir protestas contra las instituciones electorales?, ¿pueden intervenir las comunicaciones de las personas?
Como toda la información generada en la materia se clasifica como de seguridad nacional, lo cierto es que las personas comunes no podemos conocer los riesgos a la seguridad interior con certeza y oportunidad. Por esa razón, buena parte de las intervenciones militares pretextadas en ella se prestan a la arbitrariedad. Nada más alejado de la seguridad jurídica, esa seguridad jurídica que, por cierto, con mucho tino exaltó el ministro presidente de la Corte en su mensaje inaugural de este año.
Tampoco se tiene certeza para asegurarle a las personas y comunidades que defienden sus tierras y territorios contra los llamados megaproyectos de desarrollo e infraestructura, que sus manifestaciones de protesta no serán desde ya reprimidas por las Fuerzas Armadas, so pretexto de acciones de seguridad interior que atiendan riesgos en vías generales de comunicación e instalaciones estratégicas. Y ni imaginar ante un descontento social por las próximas elecciones.
Así, en estos días se requiere un análisis...
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