Poder para matar
| Autor | Denise Dresser |
Antes los blancos del crimen organizado eran sólo los cabecillas, nos decían. Los 250 mil homicidios y 35 mil desparecidos de la última década son sólo "daños colaterales", insistían los artífices de una guerra que México lleva tantos años peleando mal. La violencia se instaló entonces como una rutina necesaria, justificada incluso. Y precisamente porque se pensó de esa manera y se actuó de esa forma, hoy el Estado mexicano enfrenta un fenómeno inusitado: el ataque contra miembros de sus propias filas o a quienes aspiran a incorporarse a ellas.
Durante los ochenta y noventa no hubo un solo caso de presidentes municipales asesinados. El primero ocurrió en 2002, en Tamaulipas. Desde entonces, como lo documenta el reporte "An Analy-sis of Mayoral Assassinations in Mexico, 2000-2017" -publicado por el Proyecto Justicia de la Universidad de San Diego- al menos 150 presidentes municipales, expresidentes municipales y candidatos han sido ultimados. Son especialmente vulnerables. La tasa de homicidios para ellos es 12 veces mayor que para la población en general y tres veces mayor que para los periodistas. No hay un solo país de América Latina en el cual haya habido tantos asesinatos de políticos. Somos la excepción en el hemisferio, para mal.
Y raras veces sucede algo. Raras veces suscita indignación. El enojo con la clase política en general es mayúsculo, y la violencia se ha vuelto tan cotidiana, que la sociedad no responde como debería. Las campañas presidenciales han consumido la atención, centrándose en temas periféricos cuando éste debería ser central. La agresión sistemática contra quienes ocupan el poder local o desean ocuparlo, es uno de los efectos de la democratización; es uno de los productos de la descentralización. Es ahí en los municipios y en los congresos locales donde se colude con el crimen o se le enfrenta. La pelea ya no es sólo a nivel federal o estatal; ha descendido al nivel local, donde las bandas criminales presionan cada vez más para obtener protección o tolerancia hacia sus actividades ilícitas: la extorsión, el secuestro, el trasiego de drogas, el robo de autos, el cobro de piso.
Esta oleada de violencia local tiene implicaciones serias para la gobernabili-dad democrática. Los municipios autónomos y fuertes son la piedra de toque de la transición democrática, o deberían serlo. En la última década han recibido más recursos y más poder, pero muchos se encuentran en zonas de gran pobreza y alta marginación. Carecen de...
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