Otra posible mancha en el equipo de López Obrador

AutorGloria Leticia Díaz

La posibilidad de que el teniente coronel Julián Leyzaola integre la Cámara de Diputados en la próxima legislatura causó indignación y alarma entre víctimas y organizaciones defensoras de los derechos humanos.

La preocupación radica en los "pactos de impunidad" que han sostenido la carrera del militar en retiro, exsecretario de seguridad pública de Tijuana y de Ciudad Juárez, pese a tener 19 recomendaciones por violaciones de los derechos humanos, 20 indagatorias abiertas en el fuero federal y común, y pese a estar denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad.

Inhabilitado por la sindicatura de Tijuana, para ejercer el servicio público, tras un litigio emprendido por una de sus víctimas, Leyzaola tiene la oportunidad de aspirar a una diputación federal como candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por Morena PT y Encuentro Social.

No sería la primera vez que el teniente coronel prueba suerte en las urnas.Tras su paso como secretario de Seguridad Pública de Tijuana (2008-2010), bajo el gobierno del panista Jorge Ramos, y como jefe policial en Ciudad Juárez (2011-2014), con el priis-ta Héctor Murguía, el originario de Sinaloa buscó en 2016 la alcaldía de Tijuana impulsado por Encuentro Social; la contienda la perdió ante el panista Juan Manuel Gasté-lum Buenrostro.

El gobierno de Gastélum confirmó la inhabilitación por cinco años contra Ley-zaola, a solicitud de un proceso promovido por Luis Hernández Gálvez, un policía municipal que en 2009 fue torturado por el militar.

El caso Hernández Gálvez fue parte de las cinco recomendaciones que organizaciones públicas de los derechos humanos emitieron entre 2009 y 2011 (tres son de la entonces Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California y dos, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos) contra Leyzaola por tortura y detenciones arbitrarias cuando encabezó la corporación policial de Tijuana.

En total, esas acusaciones involucran a 37 víctimas; de ellas, 29 eran policías municipales a los que se intentó vincular con el cártel de Tijuana.

En entrevista con Proceso, Hernández Gálvez calificó la gestión de Julián Leyzaola como "la peor época para los policías en Tijuana, en la que ocurrieron 60 homicidios, cuando el promedio por administración era de tres o cuatro asesinatos.

"Tampoco es cierto que acabó con la delincuencia -dice-, (el militar) vino a capturar a la gente del...

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