"Precio" por protestar: 5 años y 9 meses
| Autor | Arturo Rodríguez García |
Activistas incómodos al gobierno capitalino, estudiantes y trabajadores que en 2013 participaron en la conmemoración del 2 de octubre permanecen en prisión, acusados de atacar la paz pública, ultrajar a la autoridad y, en varios casos, de intentar asesinar policías.
Las "pruebas": Declaraciones de dos agentes que, pese a ser contradictorias, tienen más valor para los jueces que videos, dictámenes periciales y testimonios sólidos conseguidos por los detenidos, a quienes se les impidió enfrentar su juicio en libertad.
Ya se emitieron dos sentencias que confinan a cinco años y nueve meses de cárcel -sin posibilidad de libertad bajo fianza- a dos personas aprehendidas en distintos lugares, momentos y circunstancias.
Cinco años y nueve meses es la tasación contra la protesta social. Esa también fue la condena que recibió el pasado 12 de diciembre Osvaldo Rigel Barreta, capturado y procesado por las protestas del 1 de diciembre de 2012.
Los detenidos, familiares y abogados que los representan coinciden en que se trata de "presos de conciencia" y de "apariencia": los detuvieron por sus ideas y por su aspecto. Los parientes también denuncian injusticias "en serie": las imputaciones son las mismas en cada caso y los jueces las admiten sin evidencia. A esto se suma el silencio de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Bautista, el incómodo
El pasado 7 de diciembre José Alejandro Bautista Peña fue sentenciado por atacar y lesionar a un granadero. En la acusación se asentó que había sido detenido en flagrancia. No obstante Bautista demostró en videos -con aval pericial- que no incurría en ningún delito cuando varios hombres vestidos de civil lo detuvieron y condujeron violentamente con los granaderos. Los testigos corroboraron su dicho, pero todas las pruebas de descargo fueron desechadas por el juez 40 de lo penal, Jorge Martínez.
En 2007 Alejandro se convirtió en un dirigente incómodo para los negocios inmobiliarios que promueven funcionarios del Distrito Federal y la delegación Tlalpan.
Sin filiación partidista encabezó la resistencia de habitantes de San Andrés Totoltepec, en Tlalpan. El despojo de tierras en esa delegación se hizo a través de Toribio Guzmán Aguirre o Toribio Guzmán Paz (se presenta con los dos apellidos en documentos oficiales).
Guzmán fue electo por usos y costumbres como "enlace" con la delegación, pero falsificó un acta de no antecedentes penales. El cambio de nombre y la alteración de datos fueron denunciados por Bautista.
En entrevista telefónica desde el Reclusorio Norte, Bautista aseveró, días antes de ser sentenciado, que fue Guzmán quien inició los despojos y las compraventas irregulares, así como agresiones violentas contra los habitantes que se resistían. Todo fue documentado por Bautista...
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