Precisiones sobre la detención de Cienfuegos
| Autor | Ernesto Villanueva |
Primero. Se ha cuestionado, por buenas o malas razones, que Estados Unidos debió avisar a México de la privación de la libertad del anterior titular de la Defensa Nacional, pero no leo que el debate haya sido mínimamente fundado y motivado de que informe a la opinión pública mexicana qué preceptos normativos de su legislación interna ha violado ese país con la detención de referencia. Y no lo hace por la simple y sencilla razón de que no existen. Estados Unidos carece -como es lógico en un país soberano- de una obligación constitucional, legal o jurisprudencial que disponga como requisito de admisibilidad para que su gobierno proceda a detener y vincular a proceso a un exservidor público extranjero en su propio territorio (Los Ángeles, California) por presuntos delitos cometidos en perjuicio del pueblo norteamericano (básicamente tráfico de drogas y sustancias ilícitas con lavado de dinero en este caso). No hay elemento normativo alguno que establezca la obligación legal de Estados Unidos de consultar previamente al país de origen del presunto inculpado, si puede o no proceder a su aseguramiento para vincularlo a un proceso judicial. Ese supuesto "deber" se basa, en realidad, en apreciaciones me-tajurídicas sin ningún mérito judicial.
Segundo. Existen evidencias sobradas que la procuración y administración de la justicia mexicana -a pesar del proceso de mejora y depuración en el que se encuentra, pero que es gradual, no de la noche a la mañana- tiene grandes oportunidades de mejora. Por el contrario, en Estados Unidos esas instituciones tienen mayor madurez en su integración no tanto porque no haya corrupción, sino porque lo que sí hay es un alto umbral de intolerancia a la impunidad. En México hay, por supuesto, buenos y malos elementos -sin duda son más los buenos que los malos-, pero la infiltración por los grupos delincuenciales en los distintos niveles de la procuración y administración, ya sea por dinero o por amenazas a la integridad de los servidores públicos o de sus seres queridos, debilita que el debido proceso se traduzca en una realidad cotidiana. Y lo anterior no sólo sucede en México, sino en buena parte de América Latina, donde se han aprobado en el transcurso de los años legislaciones para que los presuntos imputados por delincuencia organizada sean procesados y juzgados en Estados Unidos. No se sabe, por el contrario, que Estados Unidos en esta materia de delitos cometidos...
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