Y cuando el PRI despertó, AMLO seguía con ventaja...
| Autor | Jesús Cantú |
En aquel entonces aprovecharon los abusos de algunos de sus más cercanos colaboradores (Rene Bejarano, que había sido su coordinador de campaña y secretario particular al inicio de su gestión, y Gustavo Ponce, secretario de Finanzas del gobierno capitalino); ahora le tienden una trampa a una candidata a alcaldesa de un municipio veracruzano de poco más de 80 mil habitantes.
En los dos primeros casos la intención era dañar la imagen de honestidad que López Obrador ha presumido como su principal atributo. La estratagema consistió en echar mano de imágenes grotescas que exhibieron entregas de fajos de billetes y la presencia de un alto funcionario público apostando en un lujoso casino de Las Vegas. Los videos pretendían despertar sentimientos de rechazo entre la población.
Pero ahora las circunstancias son muy distintas: hace 12 años había suficientes elementos para presumir la comisión de delitos por parte de los dos funcionarios, tanto así que en ambos casos se libraron ordenes de aprehensión en su contra; Ponce incluso recibió sentencia condenatoria y estuvo preso hasta que obtuvo un amparo liso y llano; Bejarano fue desaforado y encarcelado, aunque finalmente el juez dictó sentencia absolutoria.
Ahora, en el más reciente caso, el único delito que podría configurarse a partir de la entrega-recepción del dinero es si éste tiene un origen ilícito, por lo cual el primer inculpado sería la persona que lo está entregando y que jamás aparece en el video. El artículo 406 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) establece que "se impondrán de cien a doscientos días de multa y prisión de uno a seis años al funcionario partidista o al candidato que: VIL Obtenga y utilice a sabiendas y en su calidad de candidato, fondos provenientes de actividades ilícitas para su campaña electoral".
Incluso el medio millón de pesos que supuestamente recibe la candidata a alcaldesa morenista Eva Cadena equivale a menos de la tercera parte del límite individual de aportaciones de simpatizantes para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, que es de un millón 680 mil 560 pesos con 42 centavos, de conformidad con el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral número 33 del 24 de febrero de este año.
De esta manera, con la sola entrega-recepción de esos recursos no se configura ninguna falta administrativa, aunque sí podría tipificarse de esta manera si el dinero no se depositara en una cuenta de una institución bancaria...
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