Primer Declaratoria General de Inconstitucionalidad en materia de Amparo - Núm. 2019, Enero 2019 - Blog y Noticias BGBG Abogados - Noticias - VLEX 827143813

Primer Declaratoria General de Inconstitucionalidad en materia de Amparo

Autor:Bernardo Martínez
Cargo:Asociado Junior del área de Telecomunicaciones, Medios y Tecnología
 
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El pasado jueves 14 de febrero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó en su página oficial el comunicado 17/2019, con el cual dio a conocer que, por primera vez en la historia de nuestro país, fue eliminado del marco normativo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), una fracción que sancionaba de forma inconstitucional a los concesionarios y/o autorizados con una multa mínima del 1% de sus ingresos acumulables, por cometer conductas que infringieran dicha ley, reglamentos, disposiciones administrativas, planes técnicos fundamentales, concesiones, autorizaciones y demás disposiciones emitidas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que no estuviesen expresamente contempladas en el capítulo de sanciones de la LFTR, a través de una declaratoria general de inconstitucionalidad que derivó de una jurisprudencia.

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Esta jurisprudencia, tuvo como origen la resolución de 5 amparos indirectos en revisión que para efectos informativos, fueron el 1121/2016 promovido por Televisión Azteca, S.A. de C.V., el 692/2017 promovido por Televisión Internacional S.A. de C.V., el 104/2017 promovido por Bestcable S.A. de C.V., el 693/2017 promovido por Pegaso Pcs S.A. de C.V. y el 210/2017 promovido por Mega Cable S.A. de C.V., los cuales fueron resueltos entre octubre y noviembre de 2017 en un mismo sentido y de manera reiterada.[1]

Esta jurisprudencia establece que la fracción IV, inciso B) del artículo 298 de la LFTR, resulta violatoria del artículo 22 de la Constitución, el cual prohíbe en nuestro país, la multa excesiva, y establece que toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado, en virtud de que con su aplicación se permitía que cualquier conducta contenida en la normativa antes señalada se sancionara con base en la misma proporción mínima del 1% de los ingresos acumulables del infractor, sin atender a la conducta en particular, y a los efectos que esta produjera frente al bien jurídico tutelado, para imponer una sanción que resultara razonable y correspondiera con la afectación causada.

Así, al formarse una jurisprudencia por reiteración, la SCJN atendió a lo dispuesto por la Ley de Amparo en su artículo 232, en relación con el tercer párrafo de la fracción II del artículo 107 de la Constitución, el cual desde la reforma de 2011 preveía la figura de declaratoria general de inconstitucionalidad, provocando así que la SCJN procediera a notificar al órgano...

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