Los problemas del Reglamento de la Secretaría de Cultura

AutorJudith Amador Tello

La publicación en el Diario Oficial de la Federación y entrada en vigor del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura (SC), los pasados 8 y 9 de noviembre, respectivamente, ha generado más dudas e incertidumbres y abre nuevos frentes al no eliminar duplicidades e incluso otorgar a ciertas dependencias las atribuciones que por ley corresponden a otras.

El ordenamiento jurídico, que ha provocado desde hace semanas la movilización de los trabajadores de la cultura organizados en diversos sindicatos, consta de ocho capítulos y 35 artículos. En ellos se describen las dependencias que conforman la SC y las facultades de cada una: Dos subsecretarías (Desarrollo Cultural, y Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura), una Oficialía Mayor, la Unidad de Asuntos Jurídicos, así como las direcciones generales de Asuntos Internacionales. Además, Bibliotecas; Centro Nacional de las Artes; Comunicación Social; Culturas Populares, Indígenas y Urbanas; Fonoteca Nacional; Promoción y Festivales Culturales; Publicaciones; Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural; Vinculación Cultural; Administración; y Tecnologías de la Información y Comunicación.

Los institutos nacionales de Antropología e Historia (INAH), de Bellas Artes y Literatura (INBA), de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), del Derecho de Autor (Indautor), y Radio Educación, quedan como órganos administrativos desconcentrados.

No se menciona el sector del cine, compuesto por el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), Estudios Chu-rubusco, Cineteca Nacional, y el Centro de Capacitación Cinematográfica, tampoco el Centro Cultural Tijuana, Educal, Canal 22, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), porque según declaraciones a los medios del responsable jurídico de la secretaría, Luis Cacho, no son materia de la SC pues quedan como paraestatales.

Al hablar de este nuevo ordenamiento, el especialista en legislación cultural y derecho constitucional, Bolfy Cottom, señala "un problema serio" relacionado con el ejercicio del poder, no con el ejercicio de la autoridad.

Entiende que en septiembre pasado la SC solicitó a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) -encargada de supervisar que estos anteproyectos normativos no afecten otras materias normadas- la exención del estudio de impacto regulatorio, con fundamento en las leyes de Transparencia y Federal de Procedimiento Administrativo.

Pero el también antropólogo, quien en ese mes adelantó a este...

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