Propuestas en el limbo
| Autor | Jesús Cantu |
La iniciativa original, con esta enmienda para intentar complacer a la dirigencia sindical, logró pasar la instancia de los diputados, pero a la hora de escribir este artículo se preveía que en el Senado, donde la correlación de fuerzas es muy distinta, las iniciativas presentadas por senadores de PRD y PAN tendrían nuevos obstáculos.
En la propuesta del exsecretario de Educación del gobierno capitalino, el hoy senador Mario Delgado, se indicaba claramente en su artículo tercero transitorio que "todos los docentes, directivos, asesores técnico pedagógicos y supervisores (...) deberán presentar y realizar la evaluación que emita la autoridad federal, dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto". Y también, que los omisos serían separados de sus cargos si no lograban justificar su actuación; en tanto que los reprobados tendrían una segunda oportunidad, pero si volvían a reprobar serían separados de sus cargos.
En el caso de la iniciativa del exrector de la Universidad de Guanajuato y exdirector del Conacyt, el senador panista Juan Carlos Romero Hicks, la propuesta está en el mismo texto de la Constitución. La fracción III del artículo 3 señala con precisión que "el ingreso, permanencia y promoción (...) se llevará a cabo mediante mecanismos de evaluación de carácter obligatorio, incluidos los concursos de oposición...". Así, es claro que las evaluaciones sí inciden directamente en la permanencia de los maestros. Más adelante, en la fracción IX del apartado "B" del artículo 123, precisaba: "En el caso de los trabajadores de la educación, su permanencia se sujetará también a los criterios establecidos en el artículo 3o, fracción III, de esta Constitución".
Cerraba la pinza en el tercero transitorio, al establecer que "todo docente que actualmente esté en funciones deberá ser evaluado dentro del primer año a partir de la entrada en vigor del presente decreto". Puntualizaba que si los resultados fueran insatisfactorios, se le daría capacitación y tendrían hasta dos nuevas oportunidades, en un plazo no mayor de 24 meses.
De modo que dos fracciones parlamentarias, firmantes del llamado Pacto por México, diferían sustancialmente de la posición asumida por el Ejecutivo y su partido, incluso de lo que aprobaron sus correligionarios en la Cámara de Diputados. En suma, la posibilidad de que pasara la reforma constitucional en el Senado implicaba que PAN y PRD, por una parte, y el Ejecutivo y el...
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