Queja indígena ante la CIDH por el proyecto de Santa Lucía
| Autor | Neldy San Martín |
Las puertas de la justicia mexicana se cerraron para los pueblos originarios de la zona aledaña a la base área militar de Santa Lucía, que tuvieron que recurrir a instancias internacionales. Comunidades de Tecámac y Zumpango, que se autoadscriben indígenas, promovieron dos recursos judiciales contra la construcción del aeropuerto civil/militar en Santa Lucía, Estado de México (expedientes 1325/2019 y 1367/2019), pero el juez federal Juan Carlos Guzmán Rosas les negó las suspensiones definitivas; argumentó que se trata de una instalación estratégica para la seguridad nacional. Igual suerte corrieron los amparos de la organización #NoMásDerroches.
Como la maquinaria ya comenzó a remover la tierra para que puedan iniciarse las obras, el viernes 8 el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, AC, y el Frente de Pueblos Originarios en Defensa del Agua solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para la cuenca del Valle de México, así como para los defensores de los pueblos y comunidades de Tecámac y Zumpango.
"El empeño que imprime el presidente (Andrés Manuel López Obrador) para la realización de la obra aeroportuaria significa un peligro latente para nosotras y nosotros como defensores, puesto que nos expone a ser agredidos", señala el documento que obtuvo en exclusiva Proceso.
En esa queja, dirigida al secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, denuncian violaciones del gobierno mexicano (miembro de la OEA) a su derecho a la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, según Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); lo mismo que a los derechos al territorio y a la autonomía para decidir sobre el mismo; al derecho humano al acceso al agua y a un medio ambiente sano.
"De no decretarse las medidas necesarias para mantener todo en el estado en que se encuentra actualmente, se corre el riesgo inminente de comenzar obras pasando por alto los derechos colectivos de los pueblos originarios", argumentan las comunidades.
La abogada Fabiola Vite, del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, dice en entrevista que decidieron llevar el asunto a la CIDH porque encontraron irregularidades en las sentencias en que el juez les notifica de la negativa de suspensión definitiva.
A decir de la litigante, el juzgador "hizo un copy paste" en la respuesta a los amparos indirectos 1325/2019 y 1367/2019, el primero de los cuales corresponde a Zumpango y el segundo a Tecámac. "No...
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