Calderón quiso implicar a AMLO con el narco
| Autor | Anabel Hernández |
Durante las campañas electorales del año pasado el entonces presidente Felipe Calderón -en la debacle de su gobierno- quiso que la Procuraduría General de la República (PGR) inventara cargos de narcotráfico y crimen organizado contra el candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, su contendiente en la elecciones de 2006 y quien competía también en 2012.
Para lograrlo intentó que uno de los mandos del Ejército -falsamente acusados de tener vínculos con el narcotráfico- lo acusara. Hasta ahora se ha conocido sólo una parte del caso de estos militares -el general de división y exsubsecretario de la Defensa Nacional Tomás Ángeles Dauaha-re; el general de división Ricardo Escor-cia Vargas; los generales de brigada Roberto Dawe González y Rubén Pérez Ramírez; el teniente coronel Silvio Hernández Soto y el mayor Iván Reyna Muñoz- a quienes la PGR fabricó cargos de complicidad con la delincuencia organizada en el sexenio pasado.
Y sólo ahora -con la exoneración de los seis acusados en lo que atañe a este delito- el caso muestra su lado más negro.
De acuerdo con información obtenida y corroborada con fuentes cercanas al proceso, el teniente coronel Silvio Isidro Hernández Soto (detenido desde mayo de 2012) fue amenazado por un funcionario de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, hoy SEIDO) para que acusara de vínculos con el narcotráfico a políticos de la oposición. Los señalamientos debían dirigirse contra el entonces candidato López Obrador -quien en las encuestas de preferencia electoral aparecía en la segunda posición, por arriba del PAN- y contra el PRD.
También le exigieron declarar contra el actual gobernador de Veracruz, el priis-ta Javier Duarte, y el secretario de Seguridad Pública del estado. Debía acusarlos de nexos con la delincuencia organizada.
Para la PGR, Hernández Soto era útil para una cosa y otra. En 2006 fue escolta en la campaña presidencial de López Obrador; en 2011 era director de la Agencia Veracruzana de Investigaciones. Si aceptaba declarar, aunque fueran hechos falsos, su dicho sería creíble para la opinión pública por la supuesta cercanía que había tenido con López Obrador y con el gobernador Duarte.
Primero se le ofreció acogerse al programa de testigos protegidos, lo que también implicaba que lo "apoyarían" en la causa penal que se le abrió por presuntos vínculos con el crimen organizado. Luego se le amenazó con "la pérdida" de su familia.
Hernández Soto se negó, y como a los otros militares coacusados, se le dictó el auto de formal prisión. A todos se les envío al penal de máxima seguridad de El Altiplano, donde tuvieron un recibimiento brutal.
Acabar con López Obrador
Todo ocurrió en junio de 2012, a unos días de la jornada electoral del 1 de julio. Hernández Soto tenía casi un mes de haber sido detenido por personal de la Procuraduría de Justicia Militar, que desempeñó un papel...
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