Rafael Advanced Defense Systems y sus brókers panistas
| Autor | Mathieu Tourliere |
Durante el sexenio de Felipe Calderón la empresa israelí Rafael Advanced Defense Systems vendió material bélico y de espionaje a Pemex -para combatir la ordeña de ductos- valuado en 110 millones de dólares. Al margen del contrato, transfirió más de 140 millones de pesos a cuatro compañías mexicanas, tres de las cuales pertenecían a destacados panistas: el exprocurador Antonio Lozano Gracia y los hermanos José Luis y Jorge Salas Cacho.
La operación confidencial movilizó a varios actores. Las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina y la propia Presidencia dieron su visto bueno; Pemex pagó a Rafael y éste a sus operadores en México: los hermanos Salas Cacho, valiéndose de sus conexiones al más alto nivel en la petrolera, fueron los brókers; una empresa llamada Petrolatin fungió como enlace, y el despacho de Lozano Gracia pulió el aspecto jurídico.
La administración de Enrique Peña Nieto nunca utilizó la tecnología para frenar el robo de combustible, pero continuó los negocios con la empresa de Israel. En un contrato firmado el 23 de diciembre de 2015, en plenas vacaciones y a dos días de Navidad, la Policía Federal le compró una plataforma de espionaje por 2 mil 459 millones de pesos.
En junio pasado Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), afirmó que el contrato tuvo un sobrecosto e irregularidades, y dejó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador un adeudo de mil 300 millones de pesos. Durazo indicó que denunció el caso ante la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública.
El primer contrato de Rafael en México, firmado el 18 de noviembre de 2009 por Pemex Exploración y Producción (PEP) y los ejecutivos israelíes, incluía la instalación de sensores en ductos, así como la compra de una decena de aviones y lanchas no tripulados, que serían controlados desde dos Centros de Comando (C4) en Monterrey y Villahermosa.
El documento no contemplaba ningún pago para los intermediarios mexicanos. Las transferencias de Rafael fueron producto de un trato con Petrolatin, que a su vez subcontrató a los panistas. Héctor de la Garza Poinsot, fundador de Petrolatin, estima que su empresa cobró alrededor de 40 millones de pesos; el despacho de Lozano Gracia, cerca de 45 millones, y los hermanos Salas Cacho, 60 millones.
"A mí no me convenía fiscalmente que me pagaran todo; negocié con Rafael, que mejor les pagaran ellos. Ahí está todo en orden", dice De la Garza.
El documento del Deutsche Bank
Los depósitos debían permanecer en secreto. Sin embargo, en abril de 2013 el equipo antilavado de la oficina del Deutsche Bank en Estados Unidos envió un reporte de actividad...
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