La reforma laboral, imposición internacional
| Autor | Rosalía Vergara |
El gobierno de Enrique Peña Nieto doblegó a los sindicatos charros, a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y al exsecretario del Trabajo Javier Lozano, que buscaban modificar la iniciativa de reforma laboral que el propio jefe del Poder Ejecutivo presentó.
Así, el jueves 13 la propuesta legislativa fue aprobada prácticamente como la envió la Presidencia: se eliminan las juntas de Conciliación y Arbitraje, se fomenta la libre sindicalización, se da un paso para abolir los sindicatos blancos y se regulan los llamados contratos de protección. Esos logros, sin embargo, no son una concesión gubernamental a los trabajadores, sino producto de la presión internacional derivada del Acuerdo de Comercio Transpacífico, firmado el 4 de febrero pasado en Nueva Zelanda. Tampoco, dicen sus críticos, son una panacea.
El Congreso del Trabajo (CT), la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) nunca estuvieron de acuerdo con la iniciativa presidencial.
A principios de mes, Peña Nieto envió la iniciativa al Senado. Fue celebrada por los sindicatos llamados independientes. Sólo lamentaron que se hiciera realidad por la presión de Estados Unidos y no por la histórica exigencia de justicia de los trabajadores mexicanos desde hace décadas. Por primera vez en lo que va del sexenio -y debido a esta iniciativa- el sindicalismo "charro" (sometido al poder en turno) se manifestó contra el gobierno. A principios de octubre, el CT envió una carta a Peña Nieto para expresarle su rechazo a la propuesta. Argumentó que el marco jurídico prevaleciente "ha llevado una marcada paz laboral" (Proceso 2083).
La "chicanada"
En la sesión del miércoles 5, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos elaboraron un acuerdo para reformar los artículos 107 y 123 de la Constitución.
Las cámaras empresariales tuvieron un papel importante en este debate. Estaban divididas. Algunos empresarios apoyaban la reforma, pero otros querían mantener los contratos de protección, que son aquellos firmados opacamente con sindicatos registrados pero sin afiliados. Esto permite imponer condiciones abusivas y opacas a los trabajadores reales.
Avanzada la negociación, el presidente de la Coparmex, Lorenzo Roel, abogó por este tipo de contratos e hizo causa común con el senador panista Javier Lozano, secretario del Trabajo en el gobierno de...
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