Dos años del homicidio de Regina Martínez. Duarte maniobra para imponer su versión
El gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, busca que la justicia federal avale su versión del asesinato de Regina Martínez Pérez, quien fue corresponsal de Proceso en aquella entidad. Luego del revés que sufrió por parte de la propia justicia estatal, Duarte utilizó su autoridad para congraciarse con el magistrado encargado de proponer la resolución del caso.
Con el conocimiento de que el expediente judicial está radicado desde agosto de 2013 en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Séptimo Distrito, con sede en Xalapa, Javier Duarte logró en diciembre pasado que el Congreso de Veracruz designara a María Dolores Silva Obando como integrante del Consejo Directivo del Centro Estatal de Justicia Alternativa, puesto importante en la estructura judicial veracruzana.
Silva Obando es esposa del magistrado Agustín Romero Montalvo, el encargado de elaborar el proyecto de resolución del amparo con el que se pretende revocar la liberación de Jorge Antonio Hernández Silva, El Silua, acusado por el gobierno de Duarte de participar en el homicidio de Regina Martínez.
El 27 de diciembre de 2013 el pleno de la LXIII Legislatura de Veracruz, "por obvia resolución", avaló con 43 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones la propuesta de Duarte para designar a Jesús Alvízar Guerrero, María Dolores Silva Obando y Héctor Solorio Almazán como integrantes del Consejo Directivo del Centro Estatal de Justicia Alternativa, que sustituyó al Centro Estatal de Mediación.
Los favorecidos, designados para un periodo de seis años, rindieron protesta ante el pleno del Legislativo ese mismo día. Su labor consistirá en buscar la conciliación para que casos penales, civiles y mercantiles menores no lleguen a tribunales.
Conflicto de interés
El lunes 28 se cumplirán dos años del asesinato de Regina Martínez Pérez sin que hasta la fecha haya claridad sobre los móviles y los autores. Así lo estableció en forma definitiva la justicia del estado y ahora le corresponde a la justicia federal emitir un fallo, basada en la información que le mande el Poder Judicial veracruzano.
La decisión saldrá de la propuesta que elabore el magistrado Agustín Romero Montalvo, quien entró en conflicto de intereses tras el beneficio que el gobernador le otorgó a su esposa para los próximos seis años.
Así lo hizo ver la defensa del Silua en un escrito entregado el jueves 3 al presidente del Cuarto Tribunal Colegiado, Héctor Riveras Caraza. Los abogados piden...
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