Regresión en materia de derechos de la audiencia
| Autor | Jenaro Villamil |
Con una furia y consistencia que no se habían visto antes, los concesionarios de radio y televisión agrupados en la CIRT, los principales comentaristas y periodistas que trabajan en esta industria, más senadores, alcaldes, gobernadores, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, empresarios y hasta la arquidiócesis capitalina sumaron sus voces para descalificar los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) dio a conocer desde el 21 de diciembre de 2016 y que debían entrar en vigor el próximo jueves 16.
Las críticas más difundidas fueron que estos lineamientos "violan la libertad de expresión", constituyen "censura previa" y son una extralimitación de las funciones y atribuciones del IFT porque establecen, entre otras cosas, la obligación de diferenciar opinión de información, distinguir la publicidad del contenido programático, establecer requisitos y procedimientos para el registro de defensores de audiencias en cada estación, obligan también a elaborar códigos de ética tanto entre programa-dores y concesionarios de radiodifusión como de televisión restringida, así como a realizar "campañas integrales de alfabetización mediática".
Producto de una larga consulta de dos años entre los principales involucrados, los lineamientos también reglamentan la facultad de "la suspensión precautoria de transmisiones establecidas en la ley" y el establecimiento de multas para quienes incumplan.
La campaña contra el IFT fue tan intensa que hasta alcaldes de Jalisco, pertenecientes a Movimiento Ciudadano, aparecieron en los noticiarios de Televisa y de TV Azteca opinando sobre las "amenazas a la libertad de expresión" que representaban los linea-mientos de defensa de los derechos de las audiencias.
En el Senado, los legisladores Zoé Robledo, del PRD, y Mariana Gómez del Campo, del PAN -respectivamente presidente y secretaria de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía-, opinaron que había una "imposibilidad material" de cumplimiento para que los concesionarios puedan diferenciar noticia y opinión, por lo que se pronunciaron por "alcanzar un equilibrio entre la libertad de expresión y los derechos de las audiencias".
De manera sorpresiva, el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, y el vocero del gobierno de la República, Eduardo Sánchez, anunciaron el 31 de enero que el Poder Ejecutivo determinó promover una controversia constitucional contra los lineamientos del IFT en materia de defensa de las audiencias, ya que contiene "vicios de origen" basados en leyes que considera inconstitucionales.
La controversia del Ejecutivo es contra el Congreso, que aprobó su reforma de telecomunicaciones y, en específico, contra ocho artículos que regulan las medidas adoptadas sobre el derecho de las audiencias.
Castillejos afirmó en conferencia de prensa que el IFT, al emitir dichos lineamientos, "invadió facultades exclusivas" del presidente de la República. Argumentó que la Ley Federal de...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba