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Reinician juicio contra Pau

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Vincent

LA CHICA Dorada resultó un blanco demasiado atractivo para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Paulina Rubio le debe 2.4 millones de pesos al fisco federal, y desde hace tres años litiga contra el Servicio de Administración Tributaria, en un juicio que ahora tendrá que reiniciar casi desde cero.

Según las autoridades, Rubio omitió incluir en su declaración de impuestos y registrar en su contabilidad depósitos por 1.6 millones de pesos, recibidos en dos cuentas bancarias en 1998 y 1999.

La deuda rebasa los 2 millones porque, además de los impuestos omitidos (IVA e ISR), el SAT agregó multas, actualizaciones y recargos, en una resolución fechada el 28 de junio del 2002.

En noviembre de ese año, ante la falta de pago, el SAT ordenó el embargo de bienes de la cantante para garantizar su deuda, lo que provocó el inicio del juicio en el que la representa su hermano, el abogado Enrique Rubio Dosamantes, de acuerdo al expediente.

En abril pasado el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa -primera instancia en estos casos-, resolvió que la omisión de ingresos fue por alrededor de 1.3 millones de pesos.

El descuento se debió a que un ingreso de 231 mil pesos fue producto de la indemnización que la aseguradora Quálitas le pagó a Rubio por el robo de su camioneta Pathfi nder en 1998.

En todo lo demás, el tribunal rechazó 20 argumentos de Rubio, que son similares a los que otros contribuyentes utilizan en estos casos. Por ejemplo, señaló que la notifi- cación del crédito fiscal fue ilegal, porque el documento no se entregó personalmente a sus apoderados.

También afirmó que el SAT violó la ley al prolongar durante demasiado tiempo la visita domiciliaria para revisar su contabilidad; que ésta fue ejecutada por funcionarios sin atribuciones legales, y que le están considerando como "ingresos" algunos depósitos que en realidad no lo fueron.

El caso llegó al Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, máxima autoridad en este tipo de juicios.

El pasado 11 de noviembre, las tres magistradas que integran este tribunal ordenaron reabrir el proceso ante el TFJFA. Esto, porque Rubio tenía derecho a ampliar su demanda contra el SAT, pero no se le dio oportunidad de hacerlo.

Según fuentes judiciales, el litigio podría tomar entre seis meses y un año más para un fallo final, con independencia de que el SAT puede auditar...

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