Represalias contra las agentes que denunciaron acoso
| Autor | Jorge Carrasco Araizaga |
En su número 1967, este semanario dio a conocer las condiciones a las cuales son sometidas las policías federales, obligadas a acceder a las peticiones sexuales de jefes de la corporación. Dos de las denunciantes, Griselda Montero y Genoveva Ruiz, han sufrido las consecuencias de haber hecho públicos sus casos.
Maestra en derecho constitucional, Montero fue relegada a un rincón de la Dirección General de Formación y Profe-sionalización de la PF, dependiente de la Coordinación del Sistema de Desarrollo Policial, institución en la cual era instructora en el tema del papel de la policía en los juicios orales.
"Abrieron un anexo, aventaron un montón de expedientes y ahí me dejaron, sin computadora ni mesa, con la prohibición expresa de la directora del área, Mireya Moreno Rodas, de dirigirle la palabra", dice la abogada, quien también está certificada por la embajada de Estados Unidos en México como agente de seguridad para líderes.
"Después de la publicación en Proceso quedé completamente separada, excluida, en un archivo adonde no va nadie y donde arrumbaron los expedientes de los agentes que han participado en cursos. Me dejaron como si fuera una silla", dice Montero, quien ha asesorado a sus compañeras en por lo menos una veintena de casos en las diferentes divisiones de la PF.
A Genoveva Ruiz, refiere Montero, no sólo le aumentaron el trabajo con comisión tras comisión, sino que le quitaron los días de descanso con el argumento de "las necesidades del servicio"; además se le levantó un acta administrativa, como si ella fuera un mando medio de la PF.
Asegura que el día en que empezó la circulación nacional del reportaje firmado por la reportera Gloria Leticia Díaz, las integrantes del Agrupamiento Femenil de la Coordinación de Restablecimiento del Orden Público fueron formadas por instrucciones de la segunda comandante, Santa Isabel López Mellado, y se les pidieron tarjetas informativas para desacreditar las expresiones de Ruiz.
La consigna de la comandante del Agru-pamiento Femenil, Epigmenia Esperanza Galicia Carrillo, es la de lograr la renuncia de la denunciante, afirma Montero, quien además ventiló los casos de acoso en la PF ante la relatora especial de la ONU sobre Violencia contra la Mujer, Rashida Manjoo, durante una audiencia pública en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 10 de julio.
Amenazas y renuncia
El...
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