La reputación perredista, demolida en el Ajusco
| Autor | Raúl Monge |
El martes 6, alrededor de 200 trabajadores de la delegación Tlalpan acudieron al paraje conocido como La Rufina -de casi 15 mil metros cuadrados, en el bosque del Ajusco- y derribaron dos de las tres fincas campestres construidas por exfuncionarios de la demarcación en ese lugar, considerado uno de los principales pulmones de la Ciudad de México.
Acompañados por uniformados de la delegación y dos trascabos vaciaron una de las dos viviendas -la de Eloy Fuentes Ortega; la otra, perteneciente al diputado perredista Carlos Hernández Mirón, estaba semivacía-y procedieron a derruirlas.
Higinio Chávez García, quien fue jefe de-legacional de 2009 a 2012 y es el presunto propietario de la tercera cabana, estuvo ese día en el lugar y grabó con su celular todas las maniobras. Más tarde dijo a los reporteros que los dos inmuebles derruidos pertenecían a sus excolaboradores Hernández Mirón y Fuentes Ortega, a quienes él mismo se las vendió. Y declaró que la tercera vivienda edificada en la zona no es suya.
Eluin Fuentes Monzón, hijo de Fuentes Ortega, intentó infructuosamente frenar la demolición. Se subió a uno de los trascabos y le exigió al operador mostrarle la orden correspondiente. "Esto es un atropello", vociferó.
Los uniformados presentes en el operativo lo bajaron de la máquina. Antes de retirarse, Fuentes Monzón responsabilizó a este semanario de la destrucción de las cabanas por informar en julio pasado sobre las suntuosas fincas campestres construidas a la altura del kilómetro 14 de la carretera Picacho-Ajusco, en suelo de conservación del Ajusco (Proceso 2072).
"Todo es culpa de la revista Proceso por publicar la información", acusó.
El contrato privado de Fuentes Ortega
Aun cuando ninguno de los usufructuarios de los tres predios ubicados en La Rufina tiene títulos de propiedad ni licencias de construcción, las autoridades delegacionales sólo pudieron derruir dos cabanas: la de Hernández Mirón -quien fue director general de Desarrollo Social en Tlalpan entre 2009-2012, precisamente cuando Chávez García era el titular de la demarcación; hoy es diputado federal por el PRD- y la de Fuentes Ortega, director general de Servicios Urbanos en el mismo trienio.
Ninguno de los dos afectados acreditó en tiempo y forma interés jurídico alguno sobre la propiedad usufructuada; tampoco promovieron ningún juicio de nulidad o de amparo durante todo el proceso de desahogo del procedimiento administrativo.
Ortega Fuentes intentó hacerlo en un primer momento. No tuvo éxito. Según la resolución administrativa emitida en noviembre último por la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la delegación Tlalpan, el 24 de agosto el...
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