Resistencia en Chihuahua y Colima
| Autor | Patricia Mayorga |
CHIHUAHUA, CHIH.- Las protestas contra el gasolinazo pusieron en jaque al gobernador Javier Corral Jurado, cuando parte de su gabinete -los integrantes de la Alianza Ciudadana- puso su renuncia sobre la mesa cuando el panista anunció que desalojaría a quienes se manifestaban en 11 casetas de peaje, carreteras, vías de ferrocarril e instalaciones de Pemex en esta capital y en Ciudad Cuauhtémoc.
Alianza Ciudadana es el conjunto de organizaciones civiles que impulsó la candidatura de Corral; la integran sobre todo defensores de los derechos humanos que en el sexenio del priista César Duarte Já-quez evidenciaron las desapariciones y desplazamientos forzados, torturas y femi-nicidios cometidos en la entidad.
Los primeros días del año, al ser desalojados los manifestantes por fuerzas federales, estatales y municipales sin el uso de armas, por lo menos tres municipios con alcaldías panistas se rebelaron: Camargo, Cuauhtémoc e Ignacio Zaragoza. En Creel, los maestros encabezaron una manifestación y recibieron apoyo de la ciudadanía, que les pedía pintar en sus vehículos leyendas como "No al gasolinazo" y "Fuera Peña Nieto".
La Alianza Ciudadana y otras organizaciones, además de decenas de personas inconformes, difundieron la convocatoria para las protestas desde los últimos días de 2016 y para tomar diferentes puntos estratégicos a partir del lunes 2. Ese día el secretario de Gobierno, César Jáuregui Robles, se reunió con los líderes campesinos y transportistas que encabezaron las protestas.
Como interlocutores con los manifestantes asistieron a ese encuentro el secretario de Desarrollo Social, Víctor Quintana Silveyra, expresidente estatal de Morena, líder del Barzón y del Frente Democrático Campesino; Martín Solís Bustaman-te, conocido activista del Barzón y director de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural; así como Luz Estela
Castro Rodríguez, exdirectora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, activista contra los feminicidios y la desaparición forzada, y ahora consejera de Corral en seguridad y derechos humanos.
Corral Jurado no se pronunció hasta el miércoles 4. Su mensaje causó más enojo porque indirectamente dijo que usaría la fuerza pública para desalojar las casetas e instalaciones de Pemex, ya que los bloqueos "asfixiaban" a la ciudadanía.
La mayoría de las casetas y vías de ferrocarril fueron tomadas por organizaciones campesinas regionales y por la Confederación Nacional de Transportistas de México, que pertenecen a la CTM y la CNOP.
El anuncio de Corral cimbró a los defensores de derechos humanos que colaboran con él. Quintana Silveyra se encontraba a su izquierda y se alejó con las manos cruzadas y el rostro desencajado. El gobernador lo jaló hacia él, lo que le valió fuertes críticas en las redes sociales.
Otros funcionarios de la Alianza Ciudadana tienen compañeros de lucha desde hace décadas, que ahora están en las protestas. Ellos pusieron sus renuncias en la mesa.
Siguieron dos días tensos. El gobernador advirtió que sólo dialogaría directamente con los manifestantes si éstos retiraban los bloqueos, aunque sus secretarios mantendrían una comunicación permanente.
La resistencia en los puntos de protesta se agudizó. Gabino Gómez, líder del Barzón, regresó a las instalaciones de Pemex a esperar el desalojo con el resto de los manifestantes. Tras el anuncio de Corral, más gente llegó con bates de béisbol para defender a los inconformes de la fuerza pública. Incluso un grupo de conductores de Uber permaneció ahí unas horas para escribir en los...
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