El Estado, responsable final en violación de derechos humanos

AutorJorge Carrasco Araizaga

Las violaciones a los derechos humanos cometidas por la delincuencia organizada serán juzgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La responsabilidad, sin embargo, recaerá en el Estado y sus autoridades por dejar que ocurrieran.

La agenda del sistema interamericano de derechos humanos ha comenzado a procesar los casos de desapariciones forzadas, desplazamientos, masacres y ejecuciones sumarias cometidas por los cárteles y otros grupos delictivos. Pero hay una constante: el excesivo uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y policiales. Aunque la situación de México no es exclusiva, las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas por la llamada guerra al narcotráfico serán juzgadas por la Corte junto con los crecientes casos de despojo de tierras por intereses comerciales.

El juez brasileño Roberto F. Caldas, quien desde la presidencia de la Corte tiene el pulso de las violaciones a los derechos humanos en el continente, advierte en entrevista con Proceso: Sin haber superado todavía el pasado de crímenes de lesa humanidad ocurridos durante las dictaduras militares y regímenes autoritarios de los años sesenta y setenta, América Latina padece ahora las violaciones cometidas por particulares y la generada por la respuesta gubernamental.

La Corte Interamericana aún no ha juzgado ningún caso relacionado con la delincuencia organizada. Pero las denuncias contra particulares o individuos protegidos por autoridades ya están en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), encargada de la protección en esta materia en el continente cuando sus Estados miembros son omisos o simulan ampararlos.

Algunas de esas denuncias llegarán a la Corte, que fallará respecto a la responsabilidad del Estado ante la comisión de esos delitos. En prevención de fallos adversos y de sanciones desde el extranjero, algunos países han recurrido a grupos de expertos internacionales para asuntos específicos.

Fue el caso del gobierno de Enrique Peña Nieto cuando aceptó la llegada del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para sumarse a las investigaciones por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, perpetrada hace dos años. El grupo, sin embargo, acabó confrontado con las autoridades, entre descalificaciones mutuas.

En la entrevista, Roberto Caldas evita en todo momento referirse a México, donde la Corte realizó su quincuagésimo quinto periodo extraordinario de sesiones por invitación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

"Cuando la Corte Interamericana sesiona en un país no hace examen de su situación de derechos humanos, además de que, como órgano jurisdiccional, no es de su competencia hacer ese tipo de consideraciones específicas."

En tres días de sesiones públicas la Corte siguió los juicios contra Colombia por la masacre conocida como de La Rochela, en Ecuador, por desaparición forzada y denegación de justicia por parte de la justicia policial, y contra Guatemala por negligencia de las autoridades en el caso de una desaparición.

Los temas prioritarios

Puesta la distancia para evaluar públicamente la situación de los derechos humanos en México, el...

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