Resurge el presidencialismo metaconstitucional
| Autor | Jesús Cantú |
La división de poderes, tan preciada en los regímenes democráticos, se empezó a concretar en México en septiembre de 1997, cuando por primera ocasión en la historia contemporánea el Partido Revolucionario Institucional perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, lo cual tuvo de inmediato diversas expresiones, entre las cuales destacan la rotación de la presidencia de dicha cámara entre las tres principales fuerzas políticas, lo que provocó que diputados de partidos de oposición respondieran dos de los tres informes presidenciales, que correspondieron a dicha legislatura; y, desde luego, la confrontación respecto al tema del Fobaproa, que incluso derivó en una controversia constitucional, interpuesta por la propia cámara para exigir la entrega de la información en poder del Ejecutivo.
Esta independencia del Legislativo pronto se vio reflejada en el Poder Judicial, y su primera manifestación fue en septiembre de 2000, cuando el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Ejecutivo entregar a la Cámara de Diputados la información que requería respecto al Fobaproa. La primera ocasión en la historia que la Corte dictaba una resolución dándole la razón a la oposición, que en ese momento era mayoría en la cámara, y en contra del Ejecutivo federal.
La puerta ya estaba abierta, y después de dicho fallo puede constatarse que la Corte lo mismo fallaba a favor que en contra del Ejecutivo; entre los ejemplos en contra se encuentra la invalidación del reglamento a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en el que mediante un decreto el presidente Vicente Fox pretendía aumentar los porcentajes de las capacidades de exceso que los generadores particulares pueden vender a la Comisión Federal de Electricidad sin necesidad de subasta pública, o la facultad que se pretendió arrogar el mismo presidente respecto al horario de verano. A favor, aparece entre los más difundidos la controversia respecto a la facultad del presidente de vetar la Ley de Egresos, es decir, el presupuesto federal que se dio a partir del debate entre Ejecutivo y Legislativo sobre el presupuesto de 2005.
Pero la independencia de la Corte también permitió a las minorías parlamentarias interponer acciones de inconstitucionalidad y obtener fallos favorables, como fue el caso de la llamada Ley Teleuisa en 2006, que fue impugnada por un grupo de senadores de diversos partidos políticos que se oponían a la misma; finalmente la Corte les dio la razón...
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