Retos de la seguridad federal
| Autor | Ernesto Villanueva |
Veamos.
Primero. Un aspecto muy importante que ha logrado Durazo ha sido eliminar o minimizar su ruta de colisión con los policías federales inconformes por no aplicarse totalmente los beneficios que la Constitución les otorga cuando desaparece su materia de trabajo. El subsecretario Ricardo Mejía Berdeja ha cumplido con creces esa tarea y con Enrique Carpizo, representante legal de muchos de los inconformes y sus voceros -Adrián López y Mario Alberto Lover- han construido puentes de comunicación y aclaración que han dejado satisfechas, en esencia, a las partes en un conflicto inédito en el país que se puede sintetizar así: a) Policías que dicen no a las formas y modos del sistema, hecho sin precedente en una corporación de las fuerzas del orden; b) Mandos medios que se vendieron ante Durazo y Mejía como los expertos en disuadir inconformidades y lograron sólo polarizar el tema y delegar para arriba el conflicto haciéndolo ver como un ajuste personal de Durazo con los policías federales en desacuerdo; y c) Las dificultades de deshacer lo hecho en esa materia en los años recientes por cuanto a la creación de la Policía Federal, por obviar análisis objetivables y reproducir, en cambio, apreciaciones urbanas (unas ciertas y otras no, como sucede en lo que se denomina posverdad en comunicación política) como base para la toma de decisiones en un rubro particularmente sensible.
Segundo. La falta de ayuda de los mandos de la propia Policía Federal al vocero de los policías inconformes, Mario Alberto Lover, quien fue objeto de un ataque en la carretera Cocula-Iguala, Guerrero, el pasado 25 de diciembre, puso en tensión de nueva cuenta esa relación que ya había sido modificada para bien de todos. En la denuncia por abuso de autoridad interpuesta por Lover Martínez contra Sigifre-do Valencia y Nicolás González Perrín, comisionado de la Policía Federal y director de Fuerzas Federales del mismo organismo, respectivamente, en la Fiscalía General de la República el 30 de diciembre pasado, se señala la inacción ordenada por ambos servidores públicos, quienes podrían haber incurrido en el delito federal grave de omisión de auxilio previsto en el artículo 215, fracción III, del Código Penal Federal. Nada más y nada menos llegaron siete horas después, tiempo que gana probablemente el récord Guinness a la respuesta más tardada de auxilio a un ciudadano por parte de las fuerzas del orden. Además de lo anterior, el mensaje que se envía es el de represalia...
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