La revolución de los estudiantes

AutorFrancisco Marín

Valparaíso, Chile.- Los estudiantes que luchan por la democratización del sistema educativo chileno pusieron en jaque al gobierno de Sebastián Piñera. Las 22 universidades estatales están en paro, igual que cerca de 500 liceos municipales. Todos los días hay protestas que incluyen la ocupación de edificios, el bloqueo de calles y actividades político-culturales.

El 30 de junio, unas 400 mil personas marcharon por casi todas las ciudades de Chile en la mayor manifestación desde el retorno a la democracia en marzo de 1990. En varias urbes las convocatorias alcanzaron niveles históricos de participación, como en Valparaíso (entre 30 y 70 mil personas), Temuco (30 mil) y Concepción (45 mil). En Santiago se movilizaron entre 200 mil y 300 mil manifestantes.

Según una encuesta de la Universidad Federico Santa María, difundida el martes 5 por Radio Cooperativa, 81% de los chilenos simpatiza con las demandas estudiantiles y el restante 19% respalda la posición del ministro de Educación, Joaquín Lavín.

Los estudiantes piden acabar con el lucro en la educación, devolver al Estado las escuelas traspasadas a los municipios en 1986, que la educación superior estatal vuelva a ser gratuita, como hasta 1981 –cuando Pinochet permitió la apertura de establecimientos educativos y el cobro de matrícula en los estatales–, un cambio constitucional que establezca que la educación es un derecho y la renacionalización del cobre a fin de que el Estado tenga recursos para financiar las transformaciones propuestas.

En su afán de recuperar la iniciativa y detener las protestas, la noche del martes 5 Piñera anunció un paquete de medidas: el Gran Acuerdo Nacional en Educación, que incluye un fondo de 4 mil millones de dólares, cuyos origen y destino no especificó.

Contrariando la principal demanda estudiantil, Piñera propuso legalizar el lucro en la educación superior y descartó estatizar las escuelas municipalizadas. No mencionó la posibilidad de hacer cambios constitucionales ni la solicitud de gratuidad en la educación ni la demanda de renacionalizar el cobre.

No obstante, el plan acoge dos peticiones hechas por el Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (Cruch), que ha respaldado las movilizaciones. Se trata de la creación de una Superintendencia de Educación Superior y el aumento de los recursos fiscales para las universidades públicas, que en la actualidad cubren sólo 10% de sus costos. Los montos del incremento no fueron enunciados.

El vocero del Cruch y...

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