La ridícula controversia de Enrique Peña Nieto
| Autor | Ricardo Raphael |
¿Por qué le preocupa al presidente en funciones la investigación judicial emprendida, desde el estado de Chihuahua, en contra del exsecretario general del PRI, Alejandro Gutiérrez, y del exgobernador de esa entidad, César Duarte Jáquez?
Nada obvio amenazaba en este caso al presidente Enrique Peña Nieto; sin embargo, fue él quien, el jueves 11, acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a solicitar una controversia constitucional porque según su percepción, el gobernador Javier Corral Jurado presuntamente está afectando las competencias constitucionales del Ejecutivo federal.
No es cierto que el primer mandatario haya solicitado un amparo, como se ha dicho en algunos medios; Peña fue mucho más lejos cuando apretó el botón nuclear en el tablero de control del sistema jurídico mexicano con el propósito de protegerse frente a una eventual acción de la justicia de Chihuahua.
Existe 99% de probabilidad que el médico regrese al paciente por donde vino: la impertinencia del recurso es evidente y no hay argumento jurídico que le permita a la SCJN dar entrada a tan absurda reclamación.
Para ser admitidas, las controversias constitucionales deben presentarse en contra de una ley o un acto de autoridad. En este caso Peña Nieto señaló como acto de autoridad reclamado la intervención "directa o indirecta, pública o privada, actual o inminente (del gobernador Javier Corral) en investigaciones, averiguaciones, carpetas de investigación, solicitudes de información, órdenes de investigación y solicitudes de colaboración... respecto a actuales o anteriores funcionarios públicos federales" vinculados a los procesos que se siguen en Chihuahua a Duarte Jáquez y a Gutiérrez.
En otras palabras, Peña pide que la Contraloría del estado, encabezada por Stefany Olmos, deje de investigar a los funcionarios federales presuntamente involucrados en actos delictivos relacionados con el erario de Chihuahua.
Olvida el Ejecutivo que el sistema federal tiene como principal ventaja el juego de pesos y contrapesos dispuestos para limitar el abuso de poder. Si la SCJN le otorgara razón, Peña Nieto terminaría dañando principios fundantes de la Carta Magna.
Por otra parte, de acuerdo con la Constitución, la Corte puede admitir una controversia constitucional siempre y cuando se hayan ejercido antes todos los medios de defensa establecidos en la ley; es decir, que se trata de un recurso de última instancia.
Dado que el proceso en contra de los dos políticos priistas...
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