Las rutas de la extradición

AutorPatricia Dávila

Con base en documentos que acreditan la probable responsabilidad en un complejo sistema de corrupción que se gestó en 2009 e involucra a empresarios y políticos priistas, la Fiscalía General de la República (FGR) encausará de manera formal ante el gobierno español la petición de extradición de Emilio Ricardo Lozoya Austin, quien fue director de Pemex entre 2012 y 2016.

De acuerdo con la información consultada por Proceso, Lozoya Austin es considerado autor material del delito de lavado de dinero de los sobornos que operó entre 2009 y 2012 -cuando ya estaba al frente de Pemex, dependencia a la que perjudicó- para posicionar a la empresa de Marcelo Odebrecht en México.

Lozoya fungió como enlace de la firma brasileña con empresarios y políticos mexicanos para asociarse y ganar contratos en varias entidades. Es probable que las indagatorias de la FGR conduzcan al expresidente Enrique Peña Nieto.

En entrevista con Proceso, publicada el 12 de mayo de 2019, interrogado acerca de si la investigación contra Lozoya llegará hasta Peña Nieto, el titular de la fiscalía, Alejandro Gertz Mañero, respondió: "Vamos a ir tras quien tengamos que ir. Y vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar".

Tras la detención de Lozoya en España, su defensor, Javier CoelloTrejo, declaró que su cliente no actuó solo, sino presuntamente por órdenes del entonces presidente Peña Nieto y de Luis Videgaray, entonces secretario de Hacienda y Crédito Público.

El documento con el que la FGR pretende robustecer la solicitud de extradición señala varias vías para conseguirla:

El 17 de diciembre de 2013, Lozoya, director de Pemex, llevó a cabo un contrato "indebido" para la adquisición de una planta de fertilizantes denominada Agronitrogenados, en Coatzacoalcos, Ve-racruz. La inversión consistió en un pago de 275 millones de dólares por la compra de la empresa y otros 200 millones para su rehabilitación.

Añade que varios estudios previamente realizados demostraban que la planta llevaba 14 años inactiva y abandonada y los riesgos económicos que implicaba su adquisición eran enormes.

La fiscalía estimó que los 200 millones dólares destinados inicialmente a la rehabilitación y modernización de la planta en realidad fueron 485 millones, a los cuales deben añadirse los 275 millones por su adquisición. En suma, se invirtieron 760 millones de dólares.

Según el documento, el entonces director de Pemex estaba enterado de que la planta no estaba funcionando y que el valor comercial era...

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