Salinas Pliego vs. Proceso
| Autor | Ernesto Villanueva |
Por supuesto no es delito que el empresario tenga un lenguaje acotado, a pesar de la riqueza que tiene el idioma español, para articular un discurso coherente, aunque no se comparta. Quizá pudiera sorprender cómo el despotismo ilustrado se convierte, en el caso de Salinas Pliego, en un despotismo iletrado. El motivo de los textos de Salinas Pliego fue producto de la publicación de un recuento de la parcialidad judicial que se documentó y publicó en Proceso en la edición de la semana pasada (2322) sobre el caso judicial Banco Azteca vs. Proceso respecto del caso Fertinal, donde el señor Salinas se duele de que esa revelación periodística le causa "daño moral" (por cierto, la figura de daño moral no se aplica más a estos casos, sino la expresión "patrimonio moral" que establece la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección de Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en la Ciudad de México).
Hoy ese primer juzgador de la causa, Rodrigo Cortés Domínguez Toledano, ha sido removido y ha entrado una jueza, quien es esperable que pueda resistir las presiones del poder corruptor y hacer su labor única y exclusivamente en el marco legal vigente.
El equipo jurídico de Proceso no busca -y esto es importante dejarlo en claro- trato especial o privilegio de tipo alguno, sino únicamente que exista en el quehacer jurisdiccional un clima de imparcialidad y apegado estrictamente a derecho. Nada más, pero nada menos.
En una obra pionera mis colegas Antonio Caballero, Vanessa Díaz y yo publicamos un libro sobre el derecho de acceso a la información en el Poder Judicial que viene al caso (Antonio Caballero, Vanessa Díaz y Ernesto Villanueva. Derecho de acceso a la información judicial. México. Miguel Ángel Porrúa. 2006). En ese libro se sostuvo que el derecho de acceso a la información pública en los poderes judiciales tiene un nexo con otras instituciones con puntos en común. Así, por ejemplo, el acceso a la información pública y el acceso a la justicia tienen como común denominador el conocimiento público del debido proceso. De la misma suerte, la existencia de actos de corrupción y de ausencia de rendición de cuentas es una posibilidad en cualquier institución pública, donde los poderes judiciales no son la excepción. El acceso a la información judicial tiene una doble vertiente, como mecanismo de combate a la corrupción y rendición de cuentas, y como herramienta para coadyuvar al acceso a la justicia en términos de...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba