Sedena y la FGR se niegan a aclarar desapariciones de eperristas
| Autor | Gloria Leticia Díaz |
Aun cuando en México hay más de 61 mil desaparecidos -sin claridad en torno a cuántos de ellos lo fueron por acciones de agentes del Estado-, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) impugnaron una sentencia de amparo que da lineamientos claros para la búsqueda de víctimas de desaparición forzada.
Ambas instituciones presentaron recursos de impugnación contra la sentencia emitida el 6 de mayo de 2019 por la titular del Cuarto Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal, María de los Dolores Núñez Solorio, a favor de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) desaparecidos en mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca. El juicio de garantías también protege a sus familiares: Nadín Reyes Mal-donado y Margarita Cruz Sánchez.
La sentencia advierte que a 13 años de la desaparición de los militantes del EPR, la indagatoria continuaba en integración. "No se había logrado localizar a los directos quejosos y tampoco se había ejercido acción penal contra alguna persona", situación que para la juez de distrito "resultaba indicativo de que no se llevó a cabo en forma debida la investigación de su desaparición forzada".
En el resolutivo se obliga a la FGR a recabar pruebas documentales y establecer un plan de investigación "bajo un esquema de análisis sistémico y comprensivo" que permita la generación de "hipótesis organizadas y estructuradas de la indagación, para lograr el esclarecimiento de los hechos (...) así como el reconocimiento de la integración de la Comisión Especial de Búsqueda para localizar a los agraviados", así como publicar en la página web la indagatoria, que deberá actualizarse cada semana.
Para localizar a los eperristas se ordena al secretario de la Defensa "dar las facilidades al fiscal federal encargado de la integración de la investigación de origen, así como a cualquier autoridad con la encomienda de dar con el paradero de los agraviados a fin de que se investigue su desaparición forzada; por ejemplo, permitir la entrada a cualquier instalación militar, con las debidas medidas de seguridad a los afectados".
Además ordena a la Sedena la publicación de un resumen de la sentencia en un medio nacional, en tanto que a las autoridades de Oaxaca -el secretario de Seguridad Pública y el fiscal general- y al secretario de Seguridad Pública de la capital oaxaqueña hacer lo propio en un diario de circulación local.
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