La Sedena se sale del guion
| Autor | Jorge Carrasco Araizaga |
Aun cuando la Ley de Seguridad Interior (LSI) está pendiente de revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el presidente Enrique Peña Nieto lidiará con la inseguridad en su último año de gobierno considerándola como un asunto de seguridad nacional.
El 29 de enero, el presidente convocó al gabinete de seguridad nacional a la residencia oficial de Los Pinos. Ese día presentó a Alfonso Navarrete Prida como secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), tras haber asumido como titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) cuatro semanas antes. Estuvo sentado a la derecha del presidente, antecediendo a los secretarios de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfue-gos, y el de Marina, almirante Francisco Soberón.
En la reunión también estuvo el nuevo director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Alberto Bazbaz Sacal, colaborador de Peña Nieto desde el Estado de México; también participó Tomás Zerón de Lucio, el secretario técnico del CSN y exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República, otro de los hombres más cercanos a Peña Nieto desde sus tiempos de gobernador en el Edomex. Fue el primer acto en el que Navarrete Prida hizo sentir su nombramiento luego de descabezar al equipo de Miguel Ángel Osorio Chong en las áreas de seguridad del gobierno federal, particularmente en las de inteligencia.
Apenas ocupó la titularidad de Gobernación el 10 de enero, Navarrete cambió al director del Cisen y al responsable de la División de Inteligencia de la Policía Federal, Damián Canales, quien fue reemplazado por Víctor Manuel Torres Moreno, antiguo colaborador de Navarrete.
En la reunión del CSN en Los Pinos se decidió el despliegue de la Policía Federal y de la AIC en los estados que más están dando de qué hablar en el extranjero por los índices de violencia en México: Baja California Sur, Colima, Nayarit y Quintana Roo, al margen de la continua violencia en Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz.
La Presidencia de la República informó ese día que se decidió un nuevo despliegue de fuerzas federales y estatales en distintas partes del país. No se habló de ninguna movilización militar.
El comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, quien depende directamente del secretario de Gobernación, anunció el envío de 5 mil efectivos de la división de Fuerzas Federales de la Policía Federal a Cancún, Quintana Roo; Los Cabos, Baja California, y a tres ciudades del estado de Colima: Colima, la capital, Tecomán y el puerto de Manzanillo. El envío de policías federales a Nayarit fue anunciado el 31 de enero por Navarrete Prida.
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