Seguridad, la asignatura que sigue pendiente

AutorErnesto Villanueva

La ética pública debe ser de doble vía en esta vertiente del quehacer administrativo burocrático que tiene rasgos esenciales: el que ofrece un cargo y el que lo acepta, aunque ambos sepan que no reúnen los perfiles básicos para cumplir con el cometido. Y no me refiero a cuestiones de preferencias o afinidades ideológicas, sino a conocimientos elementales de la materia. Ello no se ha dado en estos dos años en la seguridad pública federal y ha funcionado en piloto automático y por inercia, con lo que ello implica en perjuicio del interés público.

En este nuevo ajuste en ese importantísimo cargo para la protección de la comunidad deben atenderse al menos los siguientes aspectos:

Primero. El perfil debe incluir a alguien que provenga del área civil con prendas profesionales y éticas -en lo razonablemente posible, aunque sea una tarea ardua y sinuosa- en la materia que permitan evitar la curva de aprendizaje al máximo posible, obtener autoridad moral interna y reconocimiento por sus méritos ante propios y extraños. La inseguridad habitual en el país que está siendo agravada por los efectos del covid-19 no admite que haya espacios para políticos expertos en redacción de discursos, en relaciones públicas o en organización de eventos electorales sin relación alguna con las atribuciones previstas en la ley para esta secretaría vital para darle sentido y viabilidad al Estado de Derecho.

Hay que recordar que una de las características de un Estado de Derecho es el monopolio del ejercicio de la fuerza pública y la garantía de seguridad para la población. Los clásicos teóricos del Estado explican por qué la libertad absoluta significa anarquía y porque debe cederse una parte de ella en favor de la seguridad. Así de importante es este rubro.

Segundo. Debe optarse por una persona proveniente del ámbito civil y no del militar. No es una cuestión de preferencia o simpatía personal. La razón de esta inquietud reside en la formación de quien ha trabajado en tareas de seguridad pública y de quien ha estado en las fuerzas armadas, ya sea en el Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea. Se supone -y hay que estar al pendiente de que así suceda, no es un dogma de fe- que una persona civil experta en seguridad conoce a profundidad los alcances y límites de sus tareas previstas en la ley, no sólo las relativas a las cadenas de custodia y procedimientos en el trabajo policial, sino al respeto a los derechos humanos. El...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR