Seguridad interior, los andamios de la represión legalizada

La entrega del control y administración de los puertos del país a la Secretaría de Marina, el anuncio de una ley sobre "uso legítimo de la fuerza" y la Ley de Seguridad Interior avalada por el secretario de la Defensa Nacional son parte de un andamiaje legal que anticipa un golpismo disfrazado y la justificación para reprimir las protestas sociales y políticas porvenir.

De este sumario legislativo puesto en marcha por el gobierno e impulsado por los militares mexicanos, la aprobación de la Ley de Seguridad Interior -de supuesta autoría PRI-PAN- significa la máxima garantía de impunidad a los abusos y violaciones graves a los derechos humanos que, de ahora en adelante, cometan las Fuerzas Armadas.

A esto se refieren militares y políticos con "dar certeza y legalidad" a su actuación en materia de seguridad cuando los llaman a patrullar calles y a su desempeño en la guerra contra las drogas y el crimen organizado. Querían agregar fuerza legal a la que ya ejercen con severas acusaciones.

La propuesta que se debate sin mucha oposición dentro del Congreso tiene un valor político adicional: ser instrumento para atacar "acciones de desestabilización". Esto quiere decir, reprimir abiertamente la protesta social o política (como fueron, por ejemplo, los conñictos pose-lectorales de 2006) y ayudar al grupo político que le toque (PRI o PAN) a mantener el poder presidencial.

Bajo esta perspectiva no es exagerado afirmar que estamos ante la conformación de un andamiaje de dominación político-militar con la coartada doble de asegurar, por un lado, impunidad legal a los militares en su cobertura en su desempeño policial emergente (que ahora será de "seguridad interior") y, por otro, su uso político-represivo de carácter faccioso (al servicio del presidente en turno).

La iniciativa de ley se presentó a menos de un mes del asesinato de cinco soldados en Badiraguato, después de haber lucrado políticamente con poco más de un centenar de soldados muertos a lo largo del sexenio, y con una estrategia de melodrama que fue seguida por medios, líderes de opinión e intelectuales.

Los militares mexicanos, desgastados a decir del titular de la Sedeña, obtendrán con Peña Nieto lo que no lograron con Felipe Calderón: un paraguas legal, que no sólo proteja a las Fuerzas Armadas (Ejército y Marina) de acusaciones de violaciones graves a los derechos humanos, sino que ensanche sus atribuciones de control y vigilancia sobre la sociedad.

De este modo, los militares evaden el...

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