El sendero de la protesta
| Autor | John M. Ackerman |
Décadas de dominio de un régimen de partido de Estado comandado por el presidente de la República han inculcado una profunda admiración hacia la figura presidencial entre los mexicanos. A diferencia de otros países en América Latina, en México la tasa de aprobación para quien ostenta la banda presidencial pocas veces baja de 50%, aun en los momentos más difíciles. Esto contrasta con tasas que llegan a ser incluso menores a 30% en muchas naciones centroamericanas y de Sudamérica. Ni siquiera los desastrosos sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón rompieron con esta tendencia histórica.
Pero esta situación podría cambiar, y para bien, en caso de que Peña Nieto llegue a Los Pinos. Los cuestionamientos hacia su persona y su elección son mucho más fuertes que los de 2006 con respecto a Felipe Calderón. Hace seis años Calderón hizo pactos inconfesables con dirigentes políticos y sociales como Elba Esther Gordillo, así como con el Consejo Coordinador Empresarial, y evidenció su falta de respeto por los principios más básicos de la democracia y la transparencia al rechazar la posibilidad de un recuento generalizado de la votación.
Pero hoy únicamente 37% de la población cree que Peña Nieto haya "ganado limpiamente", de acuerdo con la encuesta más reciente de Covarrubias. La compra de votos, el sesgo mediático y la triangulación de recursos de procedencia desconocida hacia su campaña son innegables. Es también más complicado lidiar con un movimiento social autónomo y descentralizado como #YoSoy132 y la Convención Nacional Contra la Imposición que con un movimiento político que sigue las indicaciones de su líder.
En 2006, el cuestionamiento de la legitimidad de la elección y del gobierno de Calderón fue a todas luces justificado, y además rindió frutos políticos muy importantes. Si no fuera por las protestas, muy difícilmente hubiera sido tan productivo el Congreso de la Unión durante el último sexenio con la aprobación de una serie de reformas constitucionales históricas en las materias electoral, de transparencia, rendición de cuentas, justicia penal, derechos humanos y amparo, entre otras. Los legisladores solamente actúan cuando la presión social los obliga a hacerlo, en aras de recuperar su legitimidad cuestionada.
También debemos al movimiento de Andrés Manuel López Obrador el despido anticipado del fallido Consejo General del IFE encabezado por Luis Carlos Ugalde, y el freno al intento de privatización de Pemex impulsado por Calderón...
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