El Estado, al servicio de su familia

AutorFrancisco Olaso

BUENOS AIRES.- En apenas 11 meses, mediante una maniobra de compra y venta de concesiones de parques eólicos, tres empresas de la familia del presidente argentino Mauricio Macri se embolsaron al menos 48 millones de dólares.

Tales empresas -sociedades anónimas con domicilio en las oficinas de un contador público vinculado al Grupo Macri- fueron creadas ex profeso en diciembre de 2015, después de que el mandatario argentino asumiera el cargo.

Sin pasar por licitación pública alguna, en octubre de 2016 el holding familiar adquirió los contratos para la construcción y explotación de cuatro parques eólicos, que habían sido adjudicados en 2009 a la multinacional española Isolux Corsán y que corrían el riesgo de ser revocados debido al incumplimiento de esa empresa.

Lejos de ser penalizada, en noviembre de 2016 la multinacional española se benefició con la adjudicación de otros dos parques eólicos. Dos meses más tarde, esos contratos también fueron transferidos a una sociedad anónima del holding de la familia Macri.

En mayo de 2017 -en un ambiente de escándalos por otros casos de conflictos de interés vinculados con el presidente-las empresas del Grupo Macri revendieron los seis proyectos eólicos, y se llevaron la ganancia de 48 millones de dólares.

El proceso de licitación y la posterior compraventa de los parques eólicos no se conocieron gracias a la acción de un juez o de algún órgano de control interno del Estado. La investigación periodística del caso fue publicada por Emilia Delfino en el Diario Perfil el pasado 7 de enero.

Cuatro días más tarde, dos diputados opositores presentaron ante la justicia federal una denuncia en la que se consigna que "funcionarios del gobierno nacional favorecieron de manera ilegal a distintas sociedades vinculadas al grupo económico de la familia del presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri, en negocios vinculados a concesiones de parques eólicos por los que obtuvieron ganancias por casi 50 millones de dólares en pocos meses".

En declaraciones a Radio 10, el pasado 11 de enero, el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade, uno de los impulsores de la denuncia, dijo: "Se trata de tráfico de influencias, es decir que desde adentro del Estado se garantizó el negocio. Además, están los delitos por negociaciones incompatibles con la función pública, beneficio patrimonial indebido y el uso indebido de información privilegiada".

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