La simulación

AutorJorge Carrasco Araizaga

El PRI regresará a Los Pinos de la mano del Tribunal Electoral. Los magistrados electorales renunciaron a sus facultades constitucionales y reducidos a sí mismos a la condición de jueces de legalidad validaron el triunfo de Enrique Peña Nieto en medio de las acusaciones de financiamiento irregular, rebase de topes de campaña y construcción mediática de su candidatura.

Con su aval a un proceso electoral que repitió la inconformidad de 2006, los siete integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quedaron aún más en entredicho que sus antecesores, los que le dieron el triunfo a Felipe Calderón.

De nueva cuenta los principios constitucionales de elecciones libres y auténticas fueron desestimados por el árbitro electoral, y tras negar el juicio de invalidez de la elección promovido por el Movimiento Progresista que postuló a Andrés Manuel López Obrador, los magistrados hicieron de la calificación de la elección un mero trámite.

Fue una simulación la que hicieron los magistrados de la Sala Superior. Pero esta vez la falta fue mayor pues renunciaron a la facultad constitucional que les dio la reforma de 2007 para investigar e invalidar normas que atentan contra los principios constitucionales de elecciones libres, auténticas y equitativas, aseguran expertos en derecho constitucional y electoral.

El presidente del TEPJF, Alejandro Luna Ramos, levantó la sesión del viernes 31 de agosto a las dos de la tarde tras despachar en apenas hora y media la resolución de cómputo final, validez de la elección y declaración de Peña Nieto como presidente electo. Los magistrados establecieron la "verdad histórica": Peña Nieto ganó con 19 millones 158 mil 592 votos, contra 15 millones 848 mil 827 de López Obrador.

Los magistrados tenían prisa. Sólo se dieron tiempo para comer y estar listos, en punto de las cinco de la tarde, para entregarle la constancia de mayoría a quien le devolverá al PRI la Presidencia de la República.

Horas antes, la tarde del jueves 30, habían sido implacables con los argumentos de la coalición que pidió invalidar la elección. Le dijeron no a todo. Ni una coma le admitieron. La gracia fue para el PRI y su candidato, a los que limpiaron de toda responsabilidad electoral en las irregularidades denunciadas por López Obrador y los partidos que lo postularon, por segunda vez, a la Presidencia de la República: PRD, PT y Movimiento Ciudadano.

Entre la negativa a invalidar la elección presidencial y la declaratoria de Peña Nieto como presidente electo, Luna Ramos se la pasó en alabanzas a ese órgano jurisdiccional porque con sus resoluciones, "basadas exclusivamente en el derecho y en el material probatorio aportado por las partes, se garantizó en cada una de las etapas del proceso electoral la observancia de los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, independencia y certeza" previstos en la Constitución.

Lo que omitió en su discurso fue su facultad constitucional de tribunal pleno. No la mencionó porque los magistrados no la ejercieron. Renunciaron a ella y así evitaron investigar las denuncias contra el PRI y Peña Nieto por los actos anticipados de campaña, la utilización de...

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