Para el SNTE, solapamiento; para la CNTE, todo el peso de la ley

AutorJesusa Cervantes

La madrugada del domingo 12, el peso del Estado se dejó sentir en la disidente Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Ese día, el líder de la sección 22 de Oaxaca, Rubén Núñez, fue detenido y recluido en un penal federal bajo el delito de lavado de dinero a través del cobro de comisiones a proveedores con cargo a los maestros.

En tanto, líderes seccionales del oficialista Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), empresas creadas para triangular la comisión exigida a sus proveedores y aun los propios operadores del esquema financiero para ordeñar al magisterio, no han sido llamados a cuentas por el Servicio de Administración Tributario (SAT) y menos aún por la justicia penal federal.

El domingo 5, Proceso reveló cómo, a finales de la década pasada, el SNTE –entonces encabezado por Elba Esther Gordillo Morales y con la ayuda de Pedro Ramírez Campuzano y Enrique Martínez Ríos– operó la distribución de millones de pesos producto de las elevadas comisiones que prestamistas cobran a los maestros de las 42 secciones del sindicalismo oficial.

Se detalló del uso de una empresa creada ex profeso en octubre de 2009, Servicios Financieros DC, para que recabara las comisiones de los proveedores y luego las dispersara mediante transferencias bancarias electrónicas, tanto a personas físicas como morales en México y tres en el extranjero y en las cuales no figura “documentalmente” Gordillo.

Ahora, Proceso documenta operaciones realizadas entre 2009 y febrero de 2013, una semana antes de que detuvieran a Gordillo –su captura fue el 26 febrero–, así como las instrucciones vía correo electrónico para la dispersión de fondos del SNTE y revela el uso de cuando menos cuatro empresas intermediarias y una persona física con trasferencia internacional: Javier Moreno Valle, el exdueño del Canal 40 y tío del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, quien fue operador de Gordillo en la Cámara de Diputados en 2003.

Los cientos de documentos consultados por la reportera incluyen correos en los cuales se alude a dos empresas presuntamente ligadas al diario Milenio y una a TV Azteca con facturas emitidas en 2009, 2010, 2011 y 2013.

En el caso de la televisora fue la firma Jeshom Publicidad y Mercadotecnica la que emitió la factura, según los documentos consultados. Con respecto a Milenio diario, la empresa Editora Cronos pagó un servicio a dos de las empresas que dispersaban los fondos; otra de las compañías vinculadas a ese periódico es Gestoría Integral de Empresas.

Durante tres años, se triangularon más de 200 millones de pesos con este esquema sin que alguno de los empresarios fuera sancionado por ello. Y si bien el propietario de una de las cinco empresas dispersoras está en la cárcel, su caso no tiene nada que ver con los procesos que se le siguen a Gordillo.

Los operadores, los destinatarios del dinero que se recibía por el cobro...

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