La sombra del "influyentismo", sobre Yasmín Esquivel
| Autor | Jorge Carrasco Araizaga |
En su segunda propuesta de ministro para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente Andrés Manuel López Obrador enfrenta más que un conflicto de interés: las acusaciones de influyentismo y una cadena de alegadas ilegalidades de quien aparece como su principal candidata.
La magistrada Yasmín Esquivel Mossa, cuestionada por ser la esposa de uno de los contratistas más cercanos al jefe del Ejecutivo, arrastra acusaciones de administrar y aplicar justicia administrativa por favores políticos a quienes han impulsado su carrera, desde la última regencia del PRI hasta los dos últimos gobiernos de la Ciudad de México. Uno de ellos, el del actual titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard.
De acuerdo con integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX), sus retribuciones han alcanzado también a quienes en la desaparecida Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) han respaldado su carrera como magistrada y que la llevaron a la presidencia del Tribunal.
Desde hace siete años controla el TJACDMX gracias a una reelección en la presidencia para un segundo periodo de cuatro años que termina a finales de 2019, si no es que se convierte en los próximos días en ministra del máximo tribunal en sustitución de Margarita Luna Ramos, quien pasó a retiro el 19 de febrero pasado.
La designación de sus colaboradores y de magistrados, así como algunas de sus resoluciones, la perfilan como una jueza atrapada en intereses políticos y económicos.
El más conocido es el de su esposo, José María Rioboó Martín, presidente de Grupo Riobbó, un conglomerado de empresas de ingeniería y construcción que ahora participa en la construcción del aeropuerto internacional de Santa Lucía, en el Estado de México, luego de que López Obrador cancelara el aeropuerto de Texcoco.
Grupo Rioboó participó en la elaboración del proyecto de ingeniería de un tramo de la Supervía Poniente, impulsada por el entonces jefe de Gobierno de la capital, Marcelo Ebrard. La vía se construyó entre 2012 y 2013, cuando la magistrada consolidó su poder en el Tribunal. La magistrada niega, categórica, que su esposo haya tenido alguna participación.
La construcción de la obra estuvo a cargo de la empresa Controladora Vía Rápida Poetas, creada en noviembre de 2009 con el objetivo expreso de hacerse de la concesión de la Supervía, de acuerdo con actas del Consejo de Administración de la empresa del 22 de abril y 28 de junio, ambas de 2010, citadas por los integrantes del TJACDMX. Ese Consejo de Administración estuvo presidido por José Andrés de Otey-za Fernández, en representación de la empresa española OHL, una de las firmas dueñas de la controladora.
Durante el sexenio pasado, OHL fue centro del escándalo por el favoritismo del entonces presidente Enrique Peña Nieto desde que fue gobernador del Estado de México (2005-2011). En el escándalo, de Oteyza, extitular de la desaparecida Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, quedó al descubierto como el bróker de la empresa española en México mediante sobornos a funcionarios de las...
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