Sonora: cuatro años de maldición minera
| Autor | Areli Villalobos |
La minera Buenavista del Cobre cambió la vida de 22 mil personas de siete municipios de Sonora el 6 agosto de 2014. Al derramar 40 millones de litros de sulfato de cobre al afluente del río Bacanuchi y el río Sonora contaminó 5 mil 573 hectáreas de cultivo, afectó 72 mil 755 cabezas de ganado y provocó daños en la piel, vías respiratorias, ríñones y aparato digestivo al menos a 381 sonorenses.
A cuatro años de ese hecho, calificado por el gobierno federal como el "peor desastre ambiental en la historia minera de México", no se han cumplido las principales promesas del Fideicomiso 80724 Río Sonora que crearon la administración de Enrique Peña Nieto, la empresa mencionada y la Operadora de Minas e Instalaciones Mineras, a fin de resarcir los daños ambientales, económicos y de salud, por lo que habitantes de 24 comunidades de Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, San Felipe, Baviácora y Ures exigen justicia y reparación del daño.
En entrevista con Proceso, Julieta Lamberti, de la organización civil Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), asegura que esa "es una gran deuda del gobierno de Enrique Peña Nieto: la administración hizo responsable a la empresa de dientes para afuera, pero a la hora de la hora no cumplió".
El pasado 2 de febrero de 2017, sin consultar al Comité de Cuenca Río Sonora (CCRS), que desde 2014 arropó a parte de los afectados por el desastre ambiental, y con al menos dos juicios de amparo en proceso de resolución, el Fideicomiso 80724 cerró sin realizar tres acciones claves para la remediación de los daños ocasionados por el derrame: la creación de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental (UVEA) en Sonora, la apertura y mantenimiento de un total de 63 pozos de agua potable, así como la instalación de 36 plantas potabilizadoras para suministrar agua libre de metales pesados.
Sin embargo, en el resumen de los recursos ejercidos por el Fideicomiso Río Sonora hasta febrero de 2017, se registra que para realizar esas acciones se ejercieron 201 millones 592 mil 484 pesos.
En el sitio de internet del fideicomiso no se detalla el destino de estos recursos públicos y en el único informe que allí difundió el Colegio de Ingenieros Ambientales de México -al que el comité técnico del fideicomiso contrató para supervisar la rehabilitación de los pozos y las plantas potabilizadoras- se observan sólo fotografías de los 10 mil 188 tinacos Roto-plas que se repartieron en 24 comunidades afectadas.
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