Ante la sordera legislativa, el repudio generalizado
| Autor | Gloria Leticia Díaz |
La aprobación de la Ley de Seguridad Interior (LSI) el pasado 30 de noviembre con los votos de los diputados del PRI y sus aliados en San Lázaro echó por la borda los informes de organizaciones nacionales e internacionales, así como las llamadas de alerta y recomendaciones de organismos de derechos humanos de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la fallida estrategia de militarizar la seguridad pública en los últimos 10 años en México.
De nada valieron las múltiples advertencias, pues esa ley -que da amplias facultades al presidente de la República para mantener de forma indefinida a miembros de las Fuerzas Armadas en las calles- impulsada por el priista César Ca-macho Quiroz fue avalada por 248 votos.
"Los diputados decidieron no escucharnos, por más que se les quiso decir que esto va a acarrear más violencia y más violaciones a derechos humanos", lamenta Yolanda Morán, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem).
Y añade: "Ellos (los priistas y sus comparsas) se justificaban diciendo que ya se la debían a las Fuerzas Armadas. Si así, sin la ley en la mano, hacían lo que hacían las tropas, con mayor razón, creemos, se va a incrementar la violencia".
Madre de Dan Jeremeel Fernández Morán, desaparecido en 2008, doña Yolanda reitera: "Los diputados no tomaron en cuenta lo que han sufrido las familias por parte de los militares. Su decisión nos hace sentir amenazadas".
Desaparecido por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Fernández Morán es un ejemplo de lo que puede hacer el personal castrense cuando tiene el control de la seguridad pública, pues muchos soldados no son ajenos a la corrupción.
Fernández Morán fue secuestrado el 19 de diciembre de 2008 por efectivos de la XI Región Militar, con sede en Torreón, Coahuila. Y si bien fueron detenidos cinco militares, entre ellos el teniente Ubaldo Gómez Fuentes, todos fueron asesinados dentro del penal de Torreón; cuatro en 2009 y uno al año siguiente. Otro elemento identificado como Miguel Ángel Lara sigue prófugo.
Creemos que hay más militares involucrados -sostiene doña Yolanda-. (A los cinco) los mataron para que no abrieran la boca... Y es que no sólo fue mi hijo; también habían secuestrado a un empresario de Nuevo León, al que mataron y calcinaron. Se supo también que los militares secuestraban al menos a una persona al mes.
Durante el sexenio de Felipe Calderón ella y otros familiares de desaparecidos pidieron ayuda al entonces procurador de Justicia Militar, José Luis Chávez García, para buscar a más soldados involucrados.
"Él nos dijo que quienes se habían llevado a mi hijo eran sólo los identificados y que secuestraban en su tiempo libre. Ahora que cuentan con la Ley de Seguridad Interior, ¡imagínese qué no van a poder hacer los militares en las calles!
"Por eso vamos a seguir insistiendo, ahora a los senadores, que escuchen a las familias que hemos sido víctimas de...
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