El sospechoso "Sí" a Sempra en Ensenada
| Autor | Jesusa Cervantes |
Luego de dos años de jaloneo y negociación, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador entregará a Sempra el permiso de exportación de gas natural licuado con el que la empresa estadunidense arrancará la ampliación de su planta en Ensenada, Baja California. A cambio, Sempra comprará parte de los excedentes de gas que tiene el país y que la administración de Enrique Peña Nieto contrató por los siguientes 20 años, sin que México lo necesitara.
La última negociación, en la que se definirá el precio al que Sempra adquirirá ese gas, la lleva Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien a la par continúa con la negociación de los contratos cancelados por la construcción y operación de ductos.
Ya con el permiso, Sempra y su filial Energía Costa Azul construirán en Ensenada una planta de licuefacción para vender gas líquido a Japón y otros países asiáticos, convirtiendo así al estado en un trampolín para sus ventas.
Los permisos para instalar la planta le fueron entregados a Sempra por el anterior gobierno, excepto el de exportación "porque ya no les dio tiempo", refiere una fuente de la Secretaría de Energía (Sener).
La misma fuente confirma que la amenaza de recurrir a una demanda internacional estuvo sobre la mesa durante los dos años de negociación. Para zanjar el conflicto, la Sener condicionó los últimos papeleos a la consulta popular entre los habitantes de Ensenada, ya que las nuevas leyes mexicanas la obligan a ello.
En caso de ganar el "sí" a la instalación de la planta de licuefacción, Sempra deberá comprar a México los excedentes de gas con que cuenta. Los contratos que se firmaron el sexenio pasado con diversas empresas de Estados Unidos obligan al país a adquirir diariamente 8 mil millones de metros cúbicos de gas natural licuado por los siguientes 20 años.
Consulta dudosa
Envuelta en señalamientos de corrupción desde su llegada a Baja California en 1997, Sempra ha pagado multas por 150 millones de dólares entre 2000 y 2018 por violar leyes ambientales en Estados Unidos. El año pasado pagó una más por 3.3 millones de dólares, como recuerda el oceanó-logo y profesor en la Universidad del Sur de California, Sergio Sañudo Wilhelmy.
Advierte que la instalación de la nueva planta implica peligros, como el de afectar el medio ambiente, la emisión de partículas de benceno que producen cáncer y de procesar y almacenar productos altamente flamables en una zona sísmica.
A su vez, el doctor en oceanografía y...
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